viernes, 10 de noviembre de 2017

Sistema político subnacional

Artículo publicado en La República, domingo 5 de noviembre de 2017

En el debate sobre la reforma política y electoral, el Congreso decidió abandonar el camino de una reforma integral y optar por privilegiar en el corto plazo lo urgente, referido a las próximas elecciones regionales y municipales. En esa dirección, se aprobaron cambios en el cronograma electoral que apuntan a establecer plazos más razonables y evitar el cambio en las reglas de competencia una vez iniciada ésta (lo que está muy bien en general); también la prohibición para competir por parte de sentenciados por delitos graves (resultaba imprescindible). Hay dictámenes aprobados por la Comisión de Constitución que todavía no llegan a ser debatidos en el pleno del Congreso, como la iniciativa que busca hacer más transparente el financiamiento de las campañas electorales, acaso el tema más importante del paquete de iniciativas en debate. Como ya se ha mencionado aquí, hay aspectos positivos, como la prohibición de aportes anónimos y la obligación de bancarizarlos, pero el problema es que no hay sanciones efectivas al incumplimiento: la sanción debería ser política, y en última instancia debería llevar a la pérdida de registro de los partidos infractores.

Además, el Congreso acaba de aprobar la eliminación de las organizaciones políticas locales (provinciales y distritales) para las próximas elecciones, salvo las que hayan iniciado ya su proceso de inscripción. Puede ser razonable a mediano plazo, dado que estas organizaciones existen solamente para una elección y luego pierden su registro y dan pie a una excesiva fragmentación, pero no es evidente la urgencia de una medida como ésta, considerando que ya de manera “natural” estas organizaciones están siendo desplazadas por los movimientos regionales (en las elecciones de 2002, las organizaciones locales eligieron 54 alcaldes provinciales, pero en las de 2010 y 2014 apenas 6 y 5, respectivamente, mientras que los movimientos regionales pasaron de elegir 30 en 2002 a 141 en 2014; los partidos nacionales pasaron de 110 en 2001 a 47 en 2014, como referencia). Está también el dictamen que eleva la valla requerida para ser elegido gobernador en primera vuelta, del 30 al 40% de los votos; se trata de una medida inútil, porque no ayudará a dar más legitimidad a las autoridades, y más bien estimulará la fragmentación que se quiere supuestamente reducir. Al ser más exigente el requisito para ganar en primera vuelta se estimula la pelea por el segundo lugar, meta más accesible para los actores secundarios.

Si la preocupación es la legitimidad de las autoridades regionales, deberíamos pensar en cómo funcionan los gobiernos regionales, en particular la relación entre el Gobernador y el Consejo Regional. La experiencia sugiere que en las malas gestiones regionales los Gobernadores suelen actuar con extrema discrecionalidad y arbitrariedad, lo que termina dando lugar a malas administraciones, cuando no a extrema corrupción. Los consejos no funcionan como espacios de fiscalización y control; y así como no existen los partidos nacionales, tampoco los movimientos regionales son representativos, los consejos se eligen sobre la base de las provincias, con lo que los que llegan al consejo básicamente se representan a sí mismos, antes que a colectividades. Para los gobernadores torcidos resulta sencillo cooptar a los consejeros mediante prebendas destinadas a las provincias que representan los consejeros. Si se quisiera hacer algo para mejorar la legitimidad de los gobiernos regionales, se debería pensar en iniciativas que fortalezcan la transparencia y el control de las decisiones de las autoridades.

¿Qué hacer en Venezuela?

Artículo publicado en La República, domingo 29 de octubre

En un contexto autoritario, ¿cómo debe obrar la oposición? Hasta hace muy poco, la Mesa de Unidad Democrática (MUD) parecía el ejemplo del que las oposiciones de otras partes del mundo debían aprender. Hasta hace poco, la evaluación era que la apelación al golpe de Estado por parte de la oposición en 2002 y la estrategia de confrontación y boicot hasta 2005 facilitaron la continuidad de Chávez en el poder. La oposición no participó en las elecciones parlamentarias de 2005, con lo que el chavismo logró el control total. La MUD se formó en 2009, y en las elecciones parlamentarias de 2010 obtuvo más del 47% de los votos, quitándolo al chavismo la mayoría calificada de dos tercios de la Asamblea; en las elecciones regionales de 2012 y en las municipales de 2013 obtuvo más del 44% y del 42% de los votos nacionales, respectivamente, ganando la alcaldía de Caracas; en la elección presidencial de 2013, Henrique Capriles obtuvo más del 44% de los votos. Y en las elecciones parlamentarias de 2015, la MUD obtuvo más del 56%, lo que le permitió ganar dos tercios de la Asamblea Nacional.

Estos avances permitieron desnudar el autoritarismo del régimen, y deslegitimarlo interna y externamente. Ante los avances de la oposición en el nivel municipal y regional, la respuesta fue quitar competencias y recursos a las autoridades electas, y establecer entidades y autoridades designada paralelas. Después de perder el control del parlamento en 2015, y la hegemonía electoral, el presidente Maduro entró a una etapa abiertamente autoritaria, cerrando los mecanismos de competencia: bloqueó la realización de un referéndum revocatorio, suspendió la convocatoria a elecciones regionales, y desconoció la autoridad de la Asamblea Nacional. Convocó para ello la elección de una Asamblea Constituyente con mecanismos amañados que le permitieron al Gran Polo Patriótico obtener el 100% de la representación.

El asunto es que después de estas arbitrariedades, y en medio de un colapso económico, la oposición pasó a una etapa de movilización y confrontación entre abril y julio, con la esperanza de propiciar el derrumbe del régimen. La combinación de la pérdida de legitimidad electoral, el colapso económico, sus evidentes arbitrariedades, su aislamiento internacional, hacían versímil ese escenario. El problema es que no ocurrió. Maduro ha consolidado, aparentemente, el control interno del régimen, y a pesar de algunos indicios de fisura, pudo capear el temporal, a un alto costo. En este marco convocó a las postergadas elecciones regionales, para el pasado 15 de octubre. La oposición dudó en participar o no, con lo que la unidad se resquebrajó; con todo, se confiaba en lograr un triunfo importante. Al final, la MUD obtuvo dos millones de votos menos que los obtenidos en diciembre de 2015, y ganó apenas cinco de las 23 gobernaciones en disputa. Hay todo tipo de explicaciones para este resultado, desde un abierto fraude (poco creíble), una competencia electoral abiertamente manipulada a favor del régimen (totalmente cierto), donde resulta clave el uso clientelístico masivo de un sistema de reparto de alimentos casa por casa, fundamental en medio de la crisis económica. A esto hay que sumar el hecho de la oposición perdió credibilidad como alternativa viable, al identificarse en el último tiempo solamente con la movilización y la protesta.

Maduro parece evaluar que ha recuperado competitividad electoral, con lo que planea convocar a elecciones municipales para finales de año, y está la próxima elección presidencial de finales de 2018. ¿Qué camino seguirá la oposición?

¿Qué queda del giro a la izquierda?

Artículo publicado en La República, domingo 22 de octubre de 2017 

Con el final del “boom” de los precios altos de nuestros productos de exportación primarios, parece llegar también el final del “giro a la izquierda” que atravesó la región. La crisis económica del cambio de siglo desprestigió al sentido común neoliberal e incentivó la búsqueda de opciones de cambio; allí donde las fuerzas de izquierda llegaron al gobierno, tomaron ventaja del boom para implementar políticas redistributivas que les dieron amplia popularidad. A estas alturas, el gobierno de Nicolás Maduro tiene cada vez menos defensores, y se impone el consenso de que se trata de un gobierno descalabrado y abiertamente autoritario. En Ecuador Rafael Correa aceptó la legalidad institucional, el principio de alternancia en el poder y dejó el gobierno después de más de diez años; su sucesor fue Lenin Moreno, el vicepresidente de su primer mandato, con lo que parecía que el correísmo se mantendría en el poder. Sin embargo, Moreno está dando muestras saludables de distanciarse de una pesada herencia económica y política, y Correa habla abiertamente de “traición”.

En Bolivia la todavía hegemónica presencia de Evo Morales y la relativa estabilidad del país parecerían un bastión izquierdista, pero Morales perdió en febrero del año pasado el referéndum que pretendía cambiar la Constitución para permitir la reelección indefinida (51.3% contra 48.7%). El problema es que ahora el gobierno implementa diversas maniobras para pasar encima del referéndum y violar la propia normatividad creada bajo su hegemonía. Esto podría llevar a Bolivia por una deriva abiertamente autoritaria, como en Venezuela. En cuanto a los otros países que fueron también parte del “giro”, encontramos en Chile no solo la posibilidad del triunfo de la derecha con la vuelta de Sebastián Piñera en las elecciones de noviembre, sino también la ruptura de la Concertación de Partidos que protagonizó la hegemonía de centro izquierda de las últimas décadas. En Brasil el giro a la derecha del presidente Temer parecía extremadamente precario y reversible, sin embargo el rebote económico, el “desinfle” de algunas acusaciones de corrupción y su habilidad para construir una nueva mayoría en el Congreso parecen consolidarlo, a pesar de su muy baja popularidad. Y en Argentina hoy domingo se realizan las elecciones legislativas de medio término, que confirmarían el bien momento del gobierno de Macri.

¿Significa esto que la resaca se llevará del todo lo que dejó la “ola” del giro a la izquierda? No parece tan claro. Me parece que los resultados de las recientes elecciones estaduales en Venezuela, con todo lo amañadas que hayan podido ser, muestran que el chavismo sigue siendo, a pesar de su catástrofe, una fuerza electoral significativa. Morales sigue siendo una figura popular, y claramente mantiene bastiones políticos en la Bolivia rural y altiplánica. Correa sigue siendo un referente central en la política ecuatoriana. En Argentina, las elecciones primarias de agosto pasado muestran a un peronismo todavía en condiciones de dar la pelea; en Brasil, Lula, a pesar de todas las acusaciones en su contra, sigue apareciendo como un candidato electoralmente viable. Mi conclusión es que en el futuro cercano, la clave para nuestros países es encontrar alguna fórmula de convivencia entre los movimientos que dejó la ola izquierdista y los nuevos actores políticos, y evitar caer en una lógica de pura “reinstauración” del pasado. Para ello se requieren pasos desde ambas orillas. Difícil por los altos niveles de polarización, pero imprescindible para la estabilidad y desarrollo de nuestros países.

¿Solo sobrevivir?

Artículo publicado en La República, domingo 15 de octubre de 2017 


El Consejo de Ministros presidido por Mercedes Araóz obtuvo la confianza del Congreso respecto a la política general del gobierno, cosa que está muy bien, y que esperemos abra un periodo de cooperación entre los poderes ejecutivo y legislativo. Hay muchos elementos que apuntan a que las tensiones bajarán en los próximos meses: como señaló Aldo Mariátegui, entre el repechaje con Nueva Zelandia, la visita del Papa, el mundial de fútbol y las elecciones regionales y municipales, la atención no estará tan centrada en el gobierno. Además, una ligera recuperación económica se dará que probablemente repercuta en una mejora del ánimo ciudadano. Si hasta hace poco en parte de la prensa se especulaba (exageradamente) sobre si el presidente Kuczynski podría terminar su mandato, dada su extrema debilidad, ahora los nubarrones parecen haberse disipado.

La flamante presidenta del Consejo de Ministros ha entendido correctamente que en la pura confrontacion el gobierno (y el país) tiene mucho que perder. Y en la conformación del nuevo gabinete limó las aristas excluyendo a los ministros más cuestionados del de Fernando Zavala. Pero solucionado un problema, ahora el que aparece es, ¿cuál es el rumbo político del gobierno? ¿Cuáles sus prioridades, reformas, agenda? ¿Basta con aspirar simplemente a durar? En el discurso de Aráoz se de “revolución social” y de lucha contra la corrupción como “ejes transversales” y de “cuatro ejes funcionales”: igualdad de oportunidades, fortalecimiento productivo, reactivación económica, y seguridad y prevención de riesgo de desastres. Queda claro que se quiere correr bien la ola de la recuperación económica, siguiendo la lógica de desburocratización y del “destrabe” de la inversión pública, y que la reconstrucción del norte y acciones de prevención serán importantes. Pero de la “revolución social” no haber mucho, más allá del énfasis en proyectos de agua y vivienda, donde seguramente la figura de Bruce adquirirá protagonismo; el MIDIS, por el contrario, aparece más bien disminuído. En cuanto a lucha contra la corrupción, por ejemplo, no se aludió a la agenda presentada por la Comisión Presidencial de Integridad. Y en general, más allá de diversas medidas en cada sector, no se perciben grandes metas o agendas ambiciosas.

Los sectores que se ven más dinámicos en lo que va del gobierno son Interior y Relaciones Exteriores, donde ha primado la continuidad y un ímpetu por hacer cosas relevantes. También hay continuidad, por supuesto, en el manejo económico, y seguramente se superarán los baches que se presentaron durante la gestión de Alfredo Thorne. Pero hay muchos temas que son clave, de los que quisiéramos saber más. ¿Qué hay respecto a la reforma del Estado y la implementación de la ley de servicio civil? ¿En qué quedará el Acuerdo Nacional por la Justicia? ¿La profundización de la lógica meritocrática en la reforma educativa y la implementación del nuevo currículo nacional? ¿La reforma del sector Salud? ¿El combate a la pobreza y propuestas de desarrollo para las regiones más postergadas? El asunto es que el actual consejo de ministros, más allá de la propia Aráoz, Luna, Basombrío y Bruce, no parece contar con figuras dispuestas a comprarse pleitos que valgan la pena y liderar iniciativas reformistas. Como en los minutos finales del Perú – Colombia, parece que el gobierno juega a no perder, antes que a ganar. Pero debería aspirar a marcar algunos goles, a diferencia de los minutos adicionales de ese partido de fútbol, llevamos apenas un año y dos meses de gobierno. Falta demasiado para ser tan conservador.

Sobre la reforma política

Artículo publicado en La República, domingo 8 de octubre de 2017

Para el Congreso actual, supuestamente, la reforma política y electoral era una prioridad. Después de las últimas elecciones generales, marcadas por el desorden, exclusiones de candidatos con opción importante de ganar en pleno proceso electoral, la necesidad de una reforma estaba en el centro de la agenda. Más adelante, después de las revelaciones a propósito del caso lava jato y del penoso espectáculo de gobernadores regionales y alcaldes presos o procesados por la comisión de diversos delitos, ya el asunto pasaba de ser importante a ser imprescindible.

Conocemos la historia de la legislatura pasada. Un grupo de trabajo presidido por Patricia Donayre avanzó en la presentación de un anteproyecto de ley electoral integral, pero la comisión de Constitución bajo la presidencia de Miguel Angel Torres no avanzó en su aprobación. En la actual legislatura, la comisión está a cargo de Ursula Letona, quien ha optado por empezar por asuntos urgentes, priorizando la inminencia de las elecciones regionales y municipales. Se corre el riesgo de perder una visión integral y reformas más de fondo, pero al menos podríamos asegurarnos que se avance en algo mínimamente significativo.

Para empezar, se está avanzando en poner algo de orden al proceso electoral, problema agravado por la contrareforma del Congreso anterior. Se busca que las reglas electorales no cambien en pleno proceso y tener un cronograma más ordenado, que por ejemplo no conduzca a tachas y exclusiones en plena competencia. Se está avanzando en regular mejor el financiamiento de las actividades políticas prohibiendo aportes anónimos y buscando mayores niveles de transparencia (bancarización de los aportes); eso está muy bien, el problema es que puede haber formas de “sacarle la vuelta” a la ley mediante actividades proselitistas (los recordados cocteles o polladas). Pero el problema más importante es que las sanciones previstas hasta el momento solo contemplan multas y la eventual pérdida de financimiento público, en un contexto en que los partidos tienen muchas multas sin pagar, en el que los movimientos regionales no reciben este financiamiento, y en el que algunos partidos parecen preferir renunciar a éste en tanto pueden recibir más por fuentes privadas no declaradas. La sanción máxima debería ser la pérdida de registro y la imposibilidad de participar en los procesos electorales. Todo esto se refuerza con la propuesta de que las campañas tengan un responsable que responda ante las autoridades electorales de modo de no comprometer al partido como institución. Al mismo tiempo, no se avanza en el asunto de fondo, que sería el financiamiento público para acceder a los medios masivos de comunicación, principal rubro de los gastos de campaña. Se necesita una franja más importante, que podría llevar incluso a la prohibición de la contratación de publicidad electoral, como en otros países.

De otro lado, se está discutiendo en la Comisión de Constitución asuntos relativos a la democracia interna de los partidos, pero la participación de los organismos electorales queda sujeta a la decisión de mismos, y no se avanza en establecer mecanismos más significativos, como la realización de primarias abiertas. Está pendiente la discusión sobre imponer requisitos más exigentes a los candidatos a elección popular (como excluir a los sentenciados por delitos graves); finalmente, se pretende combatir la fragmentación mediante la exclusión de las organizaciones políticas locales: iniciativa que podría tener sentido, pero quizá no para el 2018, sino para la elección siguiente.

Consensos rotos

Artículo publicado en La República, domingo 1 de octubre de 2017

Vistas las cosas en perspectiva, mirando el conjunto de América Latina en los últimos años, Perú aparece viviendo una situación privilegiada, aunque suene contraintuitivo para quienes estamos imbuídos en las discusiones domésticas. Hace unas semanas, el colega Ignazio de Ferrari defendía esa posición en las páginas de El Comercio, y concuerdo con él. Por supuesto que hay muchas cosas que están muy mal; o mejor dicho, casi cualquier cosa está muy mal, dada la trayectoria histórica de la que venimos, pero no ser concientes de los cambios positivos que han ocurrido, y no identificar dónde están las bases sobre las cuales apoyarse para seguir avanzando es lo que configurará una profecía autocumplida: todo fue y será una porquería, como en el tango.

En perspectiva, el principal obstáculo que parece estar enfrentando el Perú para seguir avanzando es el “ruido político”, una suerte de conflictividad vacía, una acritud intensa, pero superficial. Es decir, no nos peleamos por definir grandes modelos de sociedad, grandes alternativas de política, la implementación de ambiciosas reformas, sino por cuestiones muy de segundo orden. Como decían algunos fujimoristas ante el pedido de confianza del Presidente del Consejo de Ministros, “no cuestionamos la política educativa general, cuestionamos el manejo de la huelga por parte de la ministra”. El origen de esta situación, me parece, está en el hecho de que el fujimorismo funcionó en los últimos dos gobiernos como una suerte de garante de la estabilidad del modelo económico frente a la amenaza de “involuciones populistas”, y hoy es la oposición a un gobierno que se está convirtiendo en la expresión más orgánica de un gobierno de derecha de orientación pro empresarial de las últimas décadas. Así, la dinámica de conflicto entre gobierno y oposición es intensa, pero artificiosa: un gobierno de Keiko Fujimori podría perfectamente haber contado con la mayoría de los actuales ministros, incluído el presidente, y la bancada mayoritaria dedicaría sus mejores esfuerzos a blindarlos de las críticas.

El frente de defensores del modelo económico se veía unido durante los años de Toledo; luego tuvo gran cohesión bajo la batuta de García, acicateada por la amenaza del humalismo; y empezó a resquebrajarse con Humala. Este era un defensor muy culposo y a última hora del modelo, y empezaron a aparecer discrepancias sobre cómo enfrentar el final del boom de precios altos de nuestros minerales. Kuczynski era supuestamente el personaje político que más confianza podría despertar en el campo de la derecha, pero aparecieron dos problemas: de un lado, una diferencia, que parece sutil pero no lo es tanto, entre un manejo más “empresarial” del Estado frente a uno puramente tecnocrático. Los principios de la Nueva Gestión Pública los emparentan, pero hay diferencias entre ambos. Y del otro lado, lo ya señalado: ahora el fujimorismo (y el APRA) son oposición, apuestan a capitalizar el desgaste del gobierno, por lo que son hipercríticos respecto a las formas y estilos, cuando en realidad coinciden con las políticas de fondo. A esto se suma entusiastamente la izquierda, con su crítica al gobierno de los “lobbies”.

El Gobierno del presidente Kuczynski es ciertamente débil y comete numerosos errores; es muy fácil ubicarlos, señalarlos, y regodearse en los mismos. Y uno puede discrepar con algunas o muchas de sus orientaciones de política. Pero deberíamos tener un debate más sustantivo sobre reformas urgentes y de fondo, y marcar posiciones en torno a ellas, no sobre las superficialidades que concentran la atención de los medios.

Tecnócratas o políticos

Artículo publicado en La República, domingo 24 de septiembre de 2017

Del Consejo de Ministros presidido por Fernando Zavala se comentaba que era “excesivamente tecnocrático” y que era necesario uno “más político”. Parece haber consenso en que el presidido por Mercedes Aráoz es un avance en esa dirección. Aráoz tendría más experiencia y relaciones políticas más amplias que Zavala; Bruce claramente priorizará un manejo más político e intentará reflotar la popularidad gubernamental, como hizo cuando fue ministro de Toledo; el MEF puede seguir con un manejo técnico a cargo de Cooper, pero seguramente Aráoz, economista y ex ministra de economía, se asegurará de desarrollar la “sensibilidad política” en el manejo del MEF. Los cambios de Vexler por Martens en Educación, Mendoza por Pérez en Justicia y el D’Alessio por García en Salud responden a una lógica de evitarse problemas con ministros cuestionados (en la cola de procesos de interpelación y censura), conseguir respaldo en sectores más amplios (APP y el APRA, particulamente) y de reducir las tensiones con sectores adversos a algunas de las iniciativas impulsadas u objetadas por las ministras salientes. El resultado es una tregua momentánea de la oposición (que había anunciado que debían cambiarse a todos los ministros), un respaldo expectante en general, la desactivación de un escenario explosivo en el que se habló de los riesgos de una eventual vacancia presidencial o de un cierre del Congreso después de forzar una segunda censura del Consejo de Ministros. Como que todos entendieron que una guerra abierta destruiría a todos; el contrapeso entre poderes del Estado esbozado por la Constitución parecería haber funcionado en última instancia.

Hemos ganado en estabilidad, ciertamente, en el corto plazo, con este gabinete “más político”. El anterior, más técnico, se había abierto demasiados frentes, propuesto demasiadas cosas, pisado demasiados callos, irritado a adversarios poderosos (en Educación en particular), lo que había dejado al descubierto las falencias y contradicciones del gobierno, los límites de sus capacidades, sus escasas habilidades de comunicación, persuasión, trabajo de base, ausencia de cuadros, etc., etc. No es que fuera un tractor reformista, ciertamente, pero al menos algunas intenciones claras podían distinguirse. El actual deja la sensación de que se opta por seguir una lógica más bien de administración, y de manejar el conflicto con la estrategia de sacar el pie del acelerador. Como que todos los huevos de la canasta de la legitimidad gubernamental se ponen en la recuperación económica evitando el ruido político congresal y en lo que pueda hacer Bruce desde la reconstrucción y el sector vivienda.

Un manejo más político y menos tecnocrático implica por cierto saber elegir mejor las batallas que se quieren librar, y evitar las que se intuyen perdidas de antemano. Cuestionar el “deber ser” en nombre del realismo, por así decirlo. Otra manera, mejor, de pensarlo, es que lo político consiste en buscar crear las condiciones que hagan posible acercarse al deber ser. La política al servicio de las reformas, liderando las iniciativas de los técnicos. Es comprensible que un gobierno debilitado busque un respiro; pero, utilizando una metáfora futbolística, una cosa es rotar la pelota porque se busca desordenar al rival y encontrar una mejor oportunidad para volver a atacar, y otra rotar porque se renuncia al ataque y solo se quiere ganar tiempo. Todavía falta mucho por jugar para optar por un enfoque tan conservador: llevamos apenas un año y dos meses de gobierno. Regalar la iniciativa política llevará a perder el partido del quinquenio de PPK.

viernes, 22 de septiembre de 2017

¿Qué pasó esta semana?

Artículo publicado en La República, domingo 17 de septiembre de 2017

Nadie se imaginó que el dialogante Presidente del Consejo de Ministros saliente, Fernando Zavala, tuviera la iniciativa de pedir un voto de confianza a raíz del anuncio de la presentación de una moción de censura en contra de la Ministra de Educación, desafiando a la mayoría fujimorista. ¿Por qué el cambio?

Del lado del gobierno, me parece que estamos ante una clara ilustración del principio de hacer de la necesidad virtud. Zavala estaba muy desgastado, y parecía imposible evitar la censura de Martens. Otras interpelaciones asomaban en el horizonte sin capacidad política de enfrentarlas. La popularidad del presidente y del gobierno en general estaban a la baja, y prácticamente se han quedado prácticamente sin bancada oficialista. La idea de la renovación en el gabinete estaba firmemente establecida en la agenda. La simple renovación era un camino, pero la prepotencia mostrada por el fujimorismo en la interpelación a Martens habría persuadido a los más “dialogantes” de que dejarla caer sin más implicaba someterse ya en exceso a los humores y los cálculos de la oposición.

Del lado del fujimorismo, la estrategia de aparecer como una oposición inflexible ante un gobierno impopular parecía una buena idea. Si bien en las encuestas la aprobación al Congreso cae junto a la del presidente, también la aprobación al desempeño de Keiko Fujimori se mantiene estable. Los altos niveles de desaprobación a la gestión de Martens sugerían que podrían capitalizar políticamente una censura, así que la hostilidad en la interpelación fue patente. Nuevamente del lado del gobierno, la opción seguida hasta ese momento, la del apaciguamiento, parecía incapaz de cambiar la esencia de la relación con la mayoría congresal. En este marco, el pedido de confianza resultó una salida inesperada: si igual varios ministros iban a salir, más temprano que tarde, incluyendo al propio Zavala, por qué no hacerlo caer, de modo de acercarnos al escenario de una segunda censura o negación de confianza, para así tener más a la mano el arma del cierre del Congreso y la recomposición del escenario.

El fujimorismo mordió el anzuelo con entusiasmo. En parte porque no quiso mostrar debilidad, en parte porque confía en que puede repetir un buen desempeño electoral, pero sobre todo, me parece, porque confía en que mediante diferentes técnicas de interpretación constitucional puede seguir acosando o censurando ministros individuales sin pisar el palito de censurar o negar la confianza al futuro Presidente del Consejo de Ministros. En extremo, si el gobierno no juega bien sus cartas, podría (ahora sí) jugar en serio la carta de la vacancia, si es que encuentran que la opinión pública respalda esa propuesta.

El saldo, hasta el momento, es una suerte de empate precario, costoso para ambos bandos ante la ciudadanía más despolitizada (otra vez los políticos peleándose) pero positiva para representar al antifujimorismo o al descontento callejero, respectivamente. Para el gobierno este empate tiene cierto sabor a triunfo, después de pasar por varias derrotas. El fujimorismo puede sentir que cedió un empate cuando parecía contar con un triunfo asegurado. El siguiente movimiento le corresponde al gobierno, el nombramiento del nuevo Consejo de Ministros. Me parece que el gobierno no debe perder de vista que su único sostén es la legitimidad ante la opinión pública, que ve la política con mucho más escepticismo que los activistas. Debe pensar en un gabinete que proyecte eficacia, técnica y política, y no buscar gratuitamente una confrontación en la que tiene también mucho que perder.

viernes, 15 de septiembre de 2017

Fuego cruzado

Artículo publicado en La República, domingo 10 de septiembre de 2017

Tuve la paciencia de seguir buena parte de la sesión de interpelación a la ministra Martens. Los modales parlamentarios tradicionales se han prácticamente perdido, y la interpelación en gran medida queda reducida a su dimensión de puesta en escena. Por ello mientras la ministra habla y tiene la cámara encima los congresistas se ausentan. Cuando es el turno de los parlamentarios, se muestran ya sea flamígeros o reflexivos, según el estilo. Pero no se discuten argumentos, si no que se confrontan posiciones. El Frente Amplio y Nuevo Perú se presentan como defensores de los profesores maltratados y contrarios al modelo neoliberal, los fujimoristas como defensores de los pobres y excluídos, y como celosos fiscalizadores del gobierno. Del lado del gobierno y de otras bancadas están los argumentos, pero no la razón política, por así decirlo. El destino de la ministra se juega en la arena del cálculo político, no en el de la solvencia de sus respuestas al pliego interpelatorio. A esto se suman los adversarios de otras contiendas: los cuestionamientos al currículo nacional y al enfoque de género, entre muchos otros.

Será una lástima que el sector más importante del país pierda sucesivamente por censura dos ministros de gran calidad por consideraciones ajenas a su desempeño como tales. La caída de Saavedra es consecuencia de una demostración de fuerza del fujimorismo; la de Martens, si se da, es para correr la ola de una opinión pública en la cual la ministra termina asumiendo el pasivo del gobierno en general y de su caída en las encuestas. No es que deje de ser cierto que el gobierno ha mostrado graves falencias en el manejo de la huelga, o que la contundencia de la misma no sea consecuencia de problemas que se estuvieron incubando desde hace algún tiempo, lo que es responsabilidad del ministerio. Cierto es que, como se suele decir con insistencia en los últimos días, que era necesario “hacer política”: manejar mejor la negociación de la huelga, lograr presencia e influencia dentro del magisterio para legitimar la reforma magisterial. Cierto es también que dentro de las incongruencias del manejo gubernamental, incluso el Ministerio del Interior fue uno de los obstáculos más grandes para la ministra. El congresista Becerril recordó las declaraciones del viceministro de orden interno, Ricardo Valdés, verdaderamente infames y desleales, petardeando las negociaciones del ministerio de educación.

El tema es que, seamos honestos, esas capacidades no existen en nuestro país, ni existirán en el futuro cercano. Ningún grupo político, ni cercano al gobierno o en la oposición, tiene cuadros con experiencia política o competencias técnicas en número suficiente, ni presencia en el gremio magisterial. Si nuestra elite política fuese más madura, apostaría por fortalecer, mejorar, las capacidades del sector educación, que es lo único con lo que contamos para implementar cualquier iniciativa de cambio. Ello no se logra acosando a los ministros de turno, por supuesto. Lamentablemente, están primado los intereses de corto plazo.

De esta manera, si la ministra Martens termina siendo censurada, lo será como chivo expiatorio de culpas propias y ajenas, y víctima de un fuego cruzado, no solo del proveniente de las trincheras de los maestros en huelga y de la oposición, también del “fuego amigo” proveniente del propio gobierno. Hacia adelante, por supuesto, esperemos que el gobierno mantenga la convicción de seguir adelante con la política de reforma educativa, con las correcciones y ajustes que correspondan. Que quien venga relance, no claudique con la reforma.

lunes, 4 de septiembre de 2017

Desde las aulas

Artículo publicado en La República, domingo 3 de septiempre de 2017

Hoy que se discute sobre la capacitación y evaluación a los maestros por su desempeño en el aula, resulta muy útil leer Desde el aula: una aproximación a las prácticas pedagógicas del maestro peruano (Lima, Instituto de Estudios Peruanos, Documento de Trabajo n° 233, mayo de 2017), de Natalia González, Mariana Eguren y Carolina de Belaunde. El texto está basado en observaciones de maestros de primaria, en cuatro capitales de departamento; se observaron diecisiete aulas, diecisiete profesores, entre tercer y sexto grado de diez escuelas, cubriendo cinco áreas curriculares, 68 horas pedagógicas, durante el 2009. Se trata de escuelas públicas en zonas urbanas y urbano marginales con condiciones de funcionamiento superiores al promedio. No se puede generalizar desde estas observaciones, pero se pueden identificar situaciones típicas.

Las autoras notan en Piura un clima de aula respetuoso; hay participación de estudiantes, pero no espontánea; dificultades para orientar su comportamiento (niños juegan, se duermen); se pierde mucho tiempo en la organización del aula (20 a 40 minutos: saludo, toma de asistencia, preparación antes del inicio de actividades). En Arequipa las cosas están mejor, en tanto los docentes están más pendientes de lo que hacen los estudiantes. El tiempo de clase se destina a las actividades previstas, aunque no necesariamente haya motivación. En Huamanga se registran tendencias autoritarias, un trato vertical y jerárquico; la disciplina se obtiene a través de gritos, regaños y castigos físicos, los estudiantes parecen atentos más por temor que por interés. Se presta atención a los aspectos formales (errores ortográficos o decoraciones de los trabajos) por encima de los contenidos. Se dedica tiempo excesivo a “dinámicas de relajación”. En Iquitos hay mucha heterogeneidad; en general los alumnos no suelen seguir las clases, conversan, juegan entre ellos; se producen interrupciones constantes: profesores y estudiantes salen del aula, ingresan madres de familia o estudiantes de otras clases. Las distracciones impiden concretar tareas, aunque sean sencillas.

En cuanto a las prácticas de enseñanza, no parece haber grandes diferencias: “en ninguna de las cuatro ciudades (…) encontramos un ambiente de motivación hacia el aprendizaje en el cual se vea a los estudiantes interesados en las actividades que se realizan en clase”. El cuanto al uso de preguntas como herramienta de enseñanza, ellas las hace el docente, nunca los estudiantes, y se dirigen al grupo, no a estudiantes específicos; son cerradas y literales, suelen tener como respuesta sí o no. “Las preguntas no apuntan a la comprensión de procesos, al análisis, a la formulación de hipótesis o escenarios alternativos, al ejercicio de la creatividad o de la reflexión: se trata más bien de proporcionar un dato específico, un nombre, una fecha o una cifra que le permita al docente continuar en la dirección que desea”.

Una conclusión de las autoras es que “la introducción de nuevas prácticas entre los docentes es un tema crucial (…) y la forma en que ello se realice termina siendo determinante para que dichas prácticas sean adoptadas y usadas provechosamente por los maestros. Es más probable que los maestros no acepten los nuevos planteamientos (…) por diversas razones que pueden incluir el desacuerdo, la resistencia a dejar lo ya conocido, la desconfianza ante las bondades de las nuevas propuestas, y la preocupación por su autonomía y poder”. Por ello, “la introducción de nuevas políticas y sus correspondientes herramien¬tas (…) no puede hacerse de manera mecánica ni vertical”.

lunes, 28 de agosto de 2017

Perú: elecciones 2016


Acaba de aparecer el libro editado por Fernando Tuesta, Perú: elecciones 2016. Un país dividido y un resultado inesperado (Lima, Fondo Editorial PUCP, 2017), que fue presentado en la última feria del libro. Encontrarán un capítulo de este servidor, "¿Una elección atípica?"
escrito con Paolo Sosa y Félix Puémape. En nuestra introducción decimos que,

"El análisis de la reciente elección general ha resaltado su «atipicidad» como un rasgo fundamental: esto porque los resultados parecen romper con una tendencia establecida en las elecciones pasadas, especialmente las de 2006 y 2011, en las que se resaltaba la fortaleza de clivajes estructurales (de clase, regionales y étnicos) en la explicación de la lógica del voto, claramente identificados con candidatos específicos; en esas elecciones se habría producido una polarización entre candidatos «prosistema» y «antisistema», expresivos de los limitados alcances redistributivos de las políticas neoliberales. En las elecciones de 2016, por el contrario, primó la incertidumbre, marcada por la implementación accidentada, por parte de los organismos electorales, de un conjunto de normas aprobadas a última hora por el Congreso. Por otro lado, la mayoría de candidaturas tuvo una orientación de derecha y el fujimorismo-antifujimorismo emergió como un clivaje fundamental que permitió la llegada al poder de un candidato poco aparente, Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo habría cambiado tanto el país? Nuestro argumento reconoce la naturaleza un tanto atípica y azarosa de esta última elección, pero sostiene que las anteriores también tuvieron mucho de esos elementos, con lo que habría también importantes continuidades en lo que se refiere a la importancia de las campañas y estrategias electorales en un contexto de vínculos de representación muy precarios y una ciudadanía bastante pragmática y poco ideologizada".

A continuación el índice del libro:

Presentación

Elecciones competitivas y resultados imprevistos
Fernando Tuesta Soldevilla

El sueño de las elecciones internas: la selección de candidatos
Félix Puémape / Fernando Jiménez

Partidos pobres, campañas ricas
Denisse Rodriguez Olivari

Las lógicas de las planchas presidenciales
Henry Ayala Abril

Con cuota o sin cuota: candidatas exitosas para el Congreso
Diego Uchuypoma Soria / Flavia Freidenberg

Equipos en campaña
Verónica Ayala Richter / Enrique Patriau

Cierres de campaña y el discurso de los candidatos
Lilian Kanashiro

El debate en debate
Carla Cueva

Redes sociales en campaña presidencial
Fernando Tuesta Soldevilla / Essy Mirella Vásquez Oruna

¿Una elección atípica?
Martín Tanaka / Paolo Sosa Villagarcia / Félix Puémape

Elecciones en Lima: características e ideas sobre el elector limeño
Rafael Arias Valverde / Cristhian Jaramillo Huamán

Partidos nacionales, políticos locales: una mirada a las candidaturas parlamentarias desde el sur del Perú
Mauricio Zavaleta / Paulo Vilca

Solo el número importa: el lugar del voto preferencial
Henry Ayala Abril / Luis Mas Castillo

Transfuguismo y reelección: ¿una forma de sobrevivir en la política?
Milagros Campos

Balance y agenda de investigación en políticas públicas



El Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) acaba de publicar el libro Balance de investigación en políticas públicas 2011-2016 y agenda de investigación 2017-2021 (Lima, CIES, 2017), donde encontrarán trabajos muy valiosos. También encontrarán mi capítulo sobre el tema de la reforma del sistema político y del sistema electoral. El resumen de mi capítulo dice así:

"En este trabajo hacemos un balance de las principales publicaciones aparecidas en los últimos años respecto a temas asociados a la reforma política y electoral en el Perú, que permiten construir la imagen de un sistema político extremadamente precario, en el que tenemos partidos nacionales, movimientos regionales y organizaciones locales que no son verdaderamente  representativos, que constituyen vehículos para políticos sin partido y diversos intereses sociales que intentan ocupar parte de los espacios de representación. Esto hace que las funciones que en otros contextos cumplen actores políticos terminen siendo asumidas por otros actores (expertos, tecnócratas, ONGs, muy diversos grupos de interés, formales, informales e ilegales). Por ello, la agenda de investigación futura debería centrarse en conocer mejor el funcionamiento del sistema político “realmente existente” antes que en evaluar cuánto funcionan modelos abstractos ideales. Creemos que es de esa manera que la investigación académica puede hacer un aporte a la discusión pública sobre la reforma política; en un contexto en el que si bien su necesidad supuestamente genera un amplio consenso, los actores principales que deberían implementarla no parecen mostrar un compromiso firme con ella".

A continuación el índice del libro:


1. ESTADO Y GESTIÓN PÚBLICA

CORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA
Ludwig Huber

SEGURIDAD CIUDADANA
Lucía Dammert, Jaris Mujica y Nicolás Zevallos

Martín Tanaka

DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL
Gonzalo Neyra

GESTIÓN PÚBLICA Y SERVICIO CIVIL
Juan José Martínez

2. DERECHOS CIUDADANOS

EDUCACIÓN
Hugo Ñopo y Jostin Kitmang

SALUD
Janice Seinfeld y Vicente Benites

DERECHOS CIVILES Y DISCRIMINACIÓN
Jeanine Anderson

3. POLÍTICA ECONÓMICA

MACROECONOMÍA
Diego Winkelried

INSERCIÓN EN ECONOMÍA INTERNACIONAL
CRECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA
Mario Tello

EMPLEO E INFORMALIDAD
Pablo Lavado y Daniela Campos

4. POBREZA Y DESARROLLO

POBREZA, DESIGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
Javier Herrera y Ángelo Cozzubo

DESARROLLO RURAL
Silvana Vargas

5. CIENCIA Y AMBIENTE

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Juana Kuramoto

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
José Carlos Orihuela

¿No se justifica evaluar a los maestros?

Artículo publicado en La República, domingo 27 de agosto de 2017

En los últimos días se escucha un argumento que cuestiona la evaluación del desempeño docente (despido solo si no se aprueba una evaluación después de tres intentos y tres capacitaciones) sobre la base de apelar a factores como los muy bajos salarios que reciben, la precariedad de las condiciones en las que trabajan, los problemas que arrastran sus estudiantes, especialmente en zonas de extrema pobreza. Ciertamente el trabajo de los maestros es muy sacrificado, y merece mucho más apoyo y reconocimiento. Más todavía, por supuesto, porque de ellos depende, en buena medida, el futuro del país. Sin embargo, hay cuestiones que no se deben obviar. Decir que si no mejoran primero las condiciones generales, estructurales del país poco se puede hacer es de un lado falaz y del otro nos lleva a un conformismo inaceptable. Y nos encierra en un círculo vicioso: como no se intenta nada, las cosas no cambian, y como no cambian, no se intenta hacer nada.

Pero las cosas sí están cambiando. Como ha mostrado Hugo Ñopo, el salario de los docentes ha ido recuperándose de una caída dramática, y de una manera muy importante durante el gobierno del presidente Humala. Además, el gasto público en el sector educación en su conjunto ha aumentado siguiendo un patrón similar, llegando a duplicarse en los últimos años. Al mismo tiempo, la implementación de programas como Juntos o Qali Warma complementan los esfuerzos del sector educación en las zonas de pobreza.

Estas y otras mejoras han tenido resultados importantes sobre el rendimiento de los estudiantes. No olvidemos que las evaluaciones censales realizadas en los últimos años muestran mejoras: en el periodo 2007-2016, el porcentaje de estudiantes de segundo grado que alcanzó niveles satisfactorios de lectura pasó del 15.9 al 46.4%; en matemáticas, pasó del 7.2 en 2007 al 34.1%. Ahora, si bien es cierto que las regiones más ricas tienen en general mejores desempeños que las más pobres (los mayores puntajes en matemáticas y lectura en segundo de secundaria los tienen Tacna, Moquegua, Arequipa, Callao y Lima Metropolitana), también lo es que las regiones que más han progresado entre 2015 y 2016 en matemáticas de segundo grado de primaria han sido Ayacucho, Huancavelica y Apurímac; y en segundo de secundaria, junto a Moquegua y Tacna, han sido Ayacucho, Arequipa, Junín y Puno. En otras palabras, sí se puede mejorar y hacer mucho a pesar de enfrentar condiciones adversas.

Otro elemento a considerar es que las evaluaciones sí se están haciendo y constituyen una experiencia de la cual aprender para mejorar. El concurso de nombramiento 2015 tuvo 205,021 postulantes inscritos, y 8,137 resultaron ganadores de una plaza, ocupándose el 41.4% de las plazas ofertadas (19,631). Nuevamente, algunas regiones destacan sobre este promedio: Callao, Ica, Tacna, Lima Metropolitana o Moquegua, casi todas por encima del 80%, pero también Tumbes (72%), Lima provincias (66%), o Lambayeque (59%). En el concurso de ascenso a la segunda escala magisterial de 2016 tuvimos 50,484 maestros evaluados, con 8,506 ganadores de una vacante de ascenso, el 16.8%. Esto muestra que hay ya cierta experiencia y capacidad para hacer evaluaciones masivas, y también que es imperativo fortalecer el componente de capacitación a los maestros.

En suma, gracias a los esfuerzos del Estado y de los maestros mejoras importantes se han dado en los últimos años. No se trata de tirar al tacho lo avanzado, sino de mejorar, aprender desde la experiencia. Otra gran lección que deja la huelga, por supuesto, es que se debe avanzar de manera más cercana a los maestros.

Lo que está en juego (2)

Artículo publicado en La República, domingo 20 de agosto de 2017

Creíamos conocer una historia que decía que en 2007, con la aprobación de la ley de carrera pública magisterial, habíamos sentado por fin las bases para la mejora de la calidad en el sector educación, que diversas mediciones habían diagnosticado como realmente paupérrima. En medio de muchos conflictos y tensiones, ciertamente, se fue imponiendo una nueva lógica, que habría incorporado también al magisterio. Parecía que las resistencias, asociadas a grupos radicales, estaban confinadas a un par de regiones, como Ayacucho y Junín. Después de las elecciones regionales de 2011, con la presidencia regional de Vladimir Cerrón, por ejemplo, había el temor de una mayor radicalización, que no ocurrió. Por el contrario, durante el gobierno anterior, con las gestiones de Patricia Salas y Jaime Saavedra, la reforma magisterial parecía avanzar con relativamente pocas tensiones; los salarios se recuperaban, la inversión en el sector crecía, la lógica meritocrática parecía legitimarse.

Hoy vemos que durante este periodo de aparente paz se estaban acumulando tensiones y descontentos crecientes, conforme el temor de que las evaluaciones de desempeño se traduzcan en despidos se hacía más cercano. Por ello la demanda central de las protestas hoy, en el fondo, más allá de la retórica, parece ser la defensa de la “estabilidad laboral”. De allí que la huelga haya continuado y se haya incluso extendido a pesar del acuerdo de aumentos importantes de salarios. Así se puede entender la extensión, masividad y convicción de los huelguistas, y el que hayan decidido seguir a las dirigencias asociadas al CONARE y no al CEN del SUTEP. La mayoría de maestros percibe que ponerse al día con los nuevos niveles de exigencia resulta un esfuerzo imposible de realizar.

A nadie le gusta el predominio de líderes de CONARE en el magisterio, pero la realidad es que sus líderes son los que encabezan la protesta. Por ello resultó un error supeditar la lógica de la negociación a la lógica de debilitar al CONARE levantando sus supuestos vínculos con Sendero Luminoso. Este tema se debe monitorear muy cuidadosamente por supuesto, y llevar a acciones judiciales cuando corresponda. Pero me parece que la mayoría de maestros, si bien pueden manejar una retórica radical asentada en lo que Gonzalo Portocarrero y Patricia Oliart llamaron “idea crítica del Perú”, distan de otorgar un respaldo “orgánico” a sus líderes. Ocurre que ellos canalizan mejor en esta coyuntura sus temores y demandas.

El gobierno debe hilar muy fino su respuesta. Debe ciertamente haber mejoras salariales y en condiciones de trabajo, y en ese terreno el asunto parece estar bien encaminado. Pero no se debe retroceder en la lógica de vincularlas a capacitaciones, evaluaciones y meritocracia. Se debe persuadir a los docentes de que no hay una lógica punitiva, pretextos para una ola de despidos masivos, sino una voluntad de mejora, y así aislar a los sectores radicales. Ese es el camino, no uno exclusivamente policial y represivo. Por supuesto, fácil de decir, difícil de hacer. Para ello es imperativo no dejar solo a un gobierno débil: en vez de aprovechar su precariedad para hacerlo piñata con el riesgo de derrumbar la reforma educativa, los sectores de oposición deberían dar una mano. Sectores de oposición se han movido con un cortoplacismo lamentable. Por ello el papel jugado por la junta de portavoces del Congreso me parece muy imporante: y lamentable la ausencia del fujimorismo. El saldo de esta huelga debe ser un renovado compromiso político, nacional, en torno a profundizar y mejorar la reforma, no retroceder.

domingo, 13 de agosto de 2017

Lo que está en juego

Artículo publicado en La República, domingo 13 de agosto de 2017 

Todos deberíamos ser conscientes de que en estos días se está jugando buena parte del futuro del país. Me refiero al desenlace de las huelgas en los sectores educación y salud.

El país ha crecido de manera importante en los últimos años, ha reducido la pobreza, hemos dejado estadísticamente de ser pobres, pero corremos el riesgo de estancarnos en la trampa de los países de ingreso medio, o peor aún, de involucionar. Sin una política de salud adecuada hoy, el costo a largo plazo de las atenciones médicas será insostenible para las familias y para el país. Y sin una educación de calidad estamos condenados a empleos de baja productividad, a escasos niveles de civismo y cohesión social, a la formación de una opinión pública acrítica y manipulable.

Todos parecemos estar de acuerdo con que la situación es paupérrima a insostenible, y todos queremos que cambie. Sin embargo, hacer cambios resulta tremendamente complicado. Esto porque el empobrecimiento de esos sectores llevó al desarrollo de diversas estrategias de adaptación que han generado hábitos muy difíciles de romper. Las muy bajas remuneraciones obligaron a los trabajadores de esos sectores a dedicar su tiempo a conseguir otros trabajos o crear otras formas de generar ingresos, todo de manera informal; como compensación no salarial, el Estado decidió ignorar todo lo que sucedía en el traspatio. El costo lo pagó la sociedad en general, con la caída en la calidad de los servicios.

En los últimos años hemos crecido y tenemos más recursos que antes, con lo que se abrió la posibilidad de hacer reformas. Hubo la posibilidad de invertir más, mejorar la cobertura de los servicios, mejorar en algo la infraestructura. Pero quedó pendiente la verdadera reforma, la más complicada, la de las remuneraciones. Porque si bien es cierto hay que pagar mucho más, también lo es que las mejoras salariales deben estar asociadas a capacitación y evaluación de desempeño. Así, si bien es cierto Perú destina apenas el 3% de su PBI a la educación, según datos de 2013, muy por debajo de México (3.9), El Salvador (4.0), Chile (4.2), Uruguay (4.9), Ecuador (5.2), Bolivia (5.6), Venezuela (6.4), Costa Rica (7.8), Argentina (8.0), o Brasil (8.3), también lo es que países que gastan más como Brasil o Argentina tienen resultados similares a los de Colombia, que gasta apenas más que Perú (3.1 del producto) y claramente peores que Chile o Uruguay.

Perú avanzó, muy accidentadamente en los últimos años, en romper las resistencias y generar el consenso necesario para establecer en el sector educación el criterio de amarrar mejoras en las remuneraciones a capacitaciones, evaluaciones y lógicas meritocráticas. Sería terrible que ese logro estratégico se pierda. Ese es el gran nudo que se debe romper para avanzar en una reforma; es útil mirar el caso de México en los últimos años, con el intento de reforma del presidente Peña Nieto, que dio lugar a masivas protestas en todo el país, con altos niveles de violencia. Nuestro país, a pesar de todo, parecía haber pasado esa página.

El conflicto en educación y salud debería ser un punto de inflexión en una estrategia de reforma. Cobrar nuevo impulso en educación, más inversión, pero superando el escollo de resistencias regionales y de dirigencias hiperpolitizadas. Y aprovechar la coyuntura para lanzar una verdadera reforma en la salud, donde todavía se ha avanzado muy poco. Para esto se necesita de un gran acuerdo político y social, equivalente al logrado en el sector educación. Estas sí que serían contribuciones importantes del gobierno de Kuczynski al futuro del país.

Cambiar el Perú

Artículo publicado en La República, domingo 6 de agosto de 2017 

Creo que la 22ª Feria Internacional del Libro de Lima ha evidenciado una importante renovación en curso en muy distintos ámbitos, entre ellos el de las ciencias sociales. A propósito es pertinente comentar un nuevo volumen de entrevistas editado por Luis Pásara, La ilusión de un país distinto. Cambiar el Perú: de una generación a otra (Lima, Fondo Editorial PUCP, 2017).

Se trata de un libro con entrevistas convertidas en testimonios que contrapone a “la generación de la utopía” con lo que podríamos llamar la “generación reciente”, y que tiene como tema central las posibilidades, límites, formas, que adquiere la “ilusión de un país distinto”, la aspiración de cambiar el Perú. Los entrevistados son un grupo muy disímil, de figuras públicas, intelectuales, activistas, y “emprendedores”. De “la generación de la utopía” podemos leer a Abelardo Oquendo, José Alvarado, Héctor Béjar, Jaime Montoya, Max Hernández, Victoria Villanueva, Alberto Gonzales, Inés Claux, Fernando Rospigliosi, Paloma Valdeavellano, Farid Matuk Cecilia Oviedo, Fernando Eguren, Diana Avila, Baltazar Caravedo, Julia Cuadros, Pedro Brito, y Cecilia Tovar. Esta “generación” cubre un arco temporal muy amplio de influencias, contextos y apuestas políticas, que empiezan con la revolución cubana y las guerrillas de la década de los años sesenta, pasan por el velasquismo y terminan con la militancia de izquierda. En cuanto a la generación reciente, podemos leer los testimonios de Gerardo Saravia, Natalia Iguíñiz, Salvador del Solar, Alvaro Henzler, Tania Pariona, Alberto de Belaunde, Vania Masías, Joseph Zárate, Mariana Costa, Mauricio Delgado, Indira Huilca y Jimena Ledgard, todos ellos marcados por la experiencia del fujimorismo de la década de los años noventa, y la posterior y decepcionante etapa democrática.

Podría decirse que el primer grupo estuvo marcado por la noción de que hacer cambios sustantivos en la sociedad en su conjunto era algo factible, y que el medio era la acción política organizada, la militancia en la fuerza política de izquierda que conduciría la revolución. Militancia que exigía una devoción absoluta, que subordinaba consideraciones personales y familiares. No todos fueron militantes comprometidos y algunos se distanciaron de esto más rápido que otros, pero todos estuvieron marcados por este horizonte. Si bien todas las opciones fueron personales y se explican por razones idiosincráticas, se siente que el contexto de la época fue clave para explicar las opciones que tomaron.

Por el contrario, la nueva generación enfrenta un ambiente claramente adverso, y sus opciones parecen yendo a contracorriente de la tendencia general. Ni la idea del cambio sustantivo global alcanzable en el corto plazo es creíble, ni el camino parece ser la acción política organizada, tampoco la izquierda aparece como la única opción de cambio, y la noción de sacrificio personal y familiar en nombre de una causa suena como una contradicción insalvable. La generación reciente tiene también un compromiso con el cambio en el país y con el espacio público, pero la apuesta es más acotada; cada quien aporta desde su propio espacio, más social que político, donde no hay definiciones ideológicas tan claras, donde hay más espacio para el pluralismo y la diversidad, y donde el mundo de la vida resulta esencial.

Acaso la clave del cambio hoy sea contar con un Estado y una sociedad civil que permitan coordinar y potenciar las múltiples iniciativas de cambio dispersas en curso en todo el país, que suelen estar por debajo del radar de la política y de los medios masivos.

A cuatro años del bicentenario

Artículo publicado en La República, domingo 30 de julio de 2017

Mucho se ha comentado sobre el discurso del Presidente el pasado 28 de julio; yo quiero concentrarme en algo que me parece muy importante y que no ha recibido la atención debida: la celebración de nuestro bicentenario. El Presidente anunció que esta importante fecha, apenas a cuatro años de distancia, “nos debe hacer reflexionar sobre nuestro futuro como país”; señaló que deberíamos superar una lógica centralista, como la que primó en la celebración de 1921; y anunció la convocatoria a un concurso para “elegir el logotipo y canción del Bicentenario”, y otro “para elegir 26 proyectos, uno por cada región, que contribuyan a celebrar los 200 años del Perú independiente”. Los proyectos pueden ser “culturales, ambientales, educativos, de obras, de leyes”. Como se ve su cobertura es muy amplia, y de lo que se trataría es de que “resaltemos juntos la gesta libertaria que conmemoramos, nuestros héroes y protagonistas, los valores republicanos, el recuerdo de nuestra historia, a veces olvidada; la afirmación de la democracia, y la proyección de nuestro futuro como nación libre y justa”. Es una muy buena iniciativa, participativa, descentralizada, que no solo mira el pasado si no también el futuro, en la que proyectos muy disímiles se pueden desarrollar. Por supuesto necesitamos saber los detalles, pero parece bien encaminado.

Todo esto está muy bien, pero me pregunto también cuál es el plan que tiene el gobierno. ¿Tiene alguna iniciativa, discurso, narrativa, que quiera proponer, impulsar, someter a debate?

Soy conciente de que se trata de un reto complicado. Sin embargo, el gobierno podría apoyarse y hacer suyas algunas iniciativas que ya existen, y potenciarlas; me atrevo a mencionar algunas, a manera de ejemplo. El proyecto Lima Milenaria hace algún tiempo trabaja en la puesta en valor de restos arqueológicos, monumentos, espacios públicos, que permitan percibir la larga duración del asentamiento de la civilización en Lima, cómo sus huellas perviven entre nosotros, muchas veces inadvertidas. La combinación de lo histórico, monumental y recuperación de espacios públicos es una muy potente, que lo sería aún más si recibiera el patrocinio entusiasta del Estado. El Museo de Arte de Lima tiene varios proyectos de expansión que combinan no solo la ampliación del Museo si no también del espacio público del parque de la exposición y posibilidades de crear un gran circuito cultural articulado con el centro histórico. Una versión reformulada y potenciada del proyecto Río Verde actualmente encapetada por la gestión Castañeda valdría la pena de ser considerada también. ¿No tiene sentido convocar grandes concursos arquitectónicos para sacar adelante este tipo de proyectos? En Cusco está en marcha una gran iniciativa de desarrollo urbano que pasa por la puesta en valor y la peatonalización del centro histórico. Nuevamente, historia, monumentalidad, desarrollo urbano, recuperación de espacios públicos. Estos son solo algunos ejemplos, en muchas regiones podemos encontrar iniciativas similares, que podrían impulsarse.

De otro lado, sería muy pertinente impulsar una agenda de debate, muy amplia, que proponga un balance de nuestra trayectoria republicana, pensando sobre todo en los desafíos hacia el futuro. Encaminada a construir una nueva narrativa sobre lo que somos como peruanos, más acorde a las realidades actuales, marcadas por la globalización, la necesidad de integrarnos con los vecinos y con el mundo, dejando atrás paradigmas decimonónicos. El trabajo con universidades, medios de comunicación, resulta clave.

miércoles, 26 de julio de 2017

"Nuestros maestros"


La revista Impresión me pidió un artículo para su último número, dedicado al centenario de la PUCP. En ella aparece una sección que quiere rendir homenaje a varios de los grandes maestros que ha tenido la universidad en las últimas décadas: así, Charles Walker escribe sobre Jeffrey Klaiber, Santiago Pedraglio sobre Gustavo Gutiérrez, Alex Huerta sobre Manuel Marzal, Eduardo Villanueva sobre José León, y este servidor sobre Guillermo Rochabrún.

Año uno

Artículo publicado en La República, domingo 23 de julio de 2017

Sabíamos, basados en la experiencia de los gobiernos anteriores, que el del presidente Kuczynski iba a desgastarse de manera importante a lo largo de su primer año. Con datos de junio, tenemos que la gestión del presidente Kuczynski es aprobada por el 39% de los encuestados, muy por debajo de Humala (48%) ligeramente por debajo de García (42%), pero por encima de Toledo (21%) a la misma altura de sus mandatos. Quizá dentro de lo esperable, considerando que la economía se ha desacelerado claramente desde 2014 y que difícilmente se pueden hacer las cosas peor que Toledo. Además se tuvo que lidiar con eventos inesperados como la ola lava jato y el niño costero. Varias cosas sin embargo resultaron sorprendentes: un manejo macroeconómico muy cuestionado por la comunidad de expertos (supuesta área fuerte del gobierno); segundo, el cuestionamiento a un manejo “tecnocrático” del gobierno, hasta ese momento percibido como supuesta garantía de estabilidad. Ahora se invoca desde sectores diversos un manejo “más político”, se denuncia la ocurrencia de conflictos de interés, la defensa de intereses particularistas, cuando no de abierta ineficacia como consecuencia de la pasada hegemonía tecnocrática. Otra novedad es la ruptura relativa del consenso ortodoxo entre las élites políticas, consecuencia de un fujimorismo reculado hacia posiciones populistas y un estilo confrontacional de hacer oposición.

Sabíamos también que la gestión del Congreso iba a ser muy complicada. En medio de las dificultades, la experiencia de Luz Salgado logró sacarla adelante institucionalmente. En cuanto a las fuerzas políticas allí representadas, llama la atención la velocidad de la ruptura del Frente Amplio, y cómo su discurso crítico frente al modelo económico es disputado ahora por sectores antes más ortodoxos, como el fujimorismo o Acción Popular. Hablando de los grupos menores, la necesidad de Fuerza Popular de no aparecer como unilateralmente impositivo abrió el espacio para el protagonismo en algunas coyunturas del APRA o del AP.

Y Fuerza Popular no logró manejar bien su difícil papel doble: opositor pero leal con la democracia. En ocasiones su conducta excesivamente confrontacional, sumado al número de sus votos y la debilidad del gobierno, alentaron lecturas en las que el fantasma de la vacancia del mandato se convirtió en un escenario realista para el poder ejecutivo. La lógica de la confrontación tuvo costos altos para el fujimorismo entre las elites económicas, medianos ante la opinión pública, pero la nueva estrategia de Keiko Fujimori parecía seguir un rumbo invariable. Logró evitar la división y dispersión de la bancada, e impuso un manejo centralizado relativamente eficiente (mérito nada menor; basta comparar con el funcionamento de las demás bancadas). Pero al final Keiko se vio obligada a reconsiderar la estrategia por un adversario inesperado: su hermano congresista Kenji, usando el indulto de su padre como estrategia de negociación con el poder ejecutivo y canal de expresión del descontento de las víctimas del manejo centralizado. Todavía estamos viendo las consecuencias y evaluando los alcances del terremoto al interior de FP.

Hacia adelante, se abre la posibilidad (solo la posibilidad) de un año menos accidentado, en el que las dinámicas internas concentren la preocupación de los actores, más todavía pensando en las elecciones regionales y municipales del próximo año. Para esto el ejecutivo debe recuperar la iniciativa, poniendo por delante una nueva agenda reformista, y buscar acuerdos específicos con la oposición en torno a la misma.

Lula y Humala

Artículo publicado en La República, domingo 16 de julio de 2017

El expresidente Lula fue sentenciado el pasado miércoles en primera instancia a más de nueve años de prisión, por haber recibido sobornos de la empresa constructora OAS. En nuestro país el ex presidente Humala y su esposa sufren prisión preventiva en medio de una investigación por lavado de activos, en la que habrían recibido dinero de la empresa constructora brasileña ODEBRECHT para financiar la campaña electoral de 2011.

No soy penalista, pero después de haber leído y escuchado todo lo que he podido, llego a la conclusión de que no es para nada evidente que estas decisiones vayan a ser confirmadas en segunda instancia. A Lula se le acusa de ser propietario de un inmueble que habría sido otorgado como soborno, pero no parece haber prueba concluyente de que el departamento en cuestión sea efectivamente suyo, más allá de que Lula haya expresado interés en la propiedad del mismo en algún momento. Y respecto al arresto preventivo, creo que si bien no puede decirse que el fallo sea arbitrario, sí resulta excesivamente duro, y sobre todo, arriesgado: a nadie debería sorprenderle que en unas semanas el ex presidente Humala y su esposa salgan en libertad después de la apelación que presentarán en los próximos días. Y tampoco que durante el juicio, cuando llegue, resulte muy complicado probar concluyentemente la comisión de un delito de lavado de activos.

Una conclusión parcial es que es todavía prematuro declarar “extintos” políticamente a los expresidentes Lula y Humala: si logran construir una narrativa en la que fueron acosados judicialmente de manera arbitraria e injusta podrían relanzar sus carreras políticas. Lamentablemente, el debate y la deliberación política está siendo crecientemente sustituído por lógicas judiciales, por sus procedimientos, formalidades, y pareciera que la única sanción de una inconducta política fuera la cárcel. Y si no fuera posible establecer una sanción penal, parecería que el acusado quedara libre de polvo y paja, y plenamente rehabitado. Hay también sanciones sociales y políticas, que no deberíamos pasar por alto, y para ello hay amplia evidencia.

En el caso del expresidente Lula, más allá de si termine o no en la cárcel, a mí me parece evidente de que es culpable políticamente de haber organizado y encabezado un sistema político basado en la construcción de coaliciones políticas armadas con compra de votos, patronazgo, aceitado con recursos obtenidos por empresas públicas coludidas con empresas privadas en gigantescos esquemas de corrupción. Y todo justificado en nombre de la construcción de un gobierno popular que impida la vuelta de la derecha al poder. La pérdida de brújula absoluta. En el caso de Ollanta Humala, en las últimas semanas hemos obtenido evidencia bastante seria que lo vincula a los crímenes de Madre Mía, a intentos de silenciar a testigos, directa o indirectamente. Sabemos que su partido desarrolló un complejo sistema de encubrimiento de receptación de dinero por parte de ODEBRECHT, más allá de si esté adecuadamente tipificado y sancionado. Todo esto configura una conducta inescrupulosa que ha quedado en evidencia y de la que el expresidente es políticamente responsable, todo en nombre de una “gran transformación” que nunca llegó a ocurrir.

Independientemente de lo que ocurra en el plano judicial, no debemos perder de vista estos hechos. Y sacar las lecciones correspondientes. Nunca más urgente una reforma política que haga transparentes las finanzas partidarias, el patrimonio y los intereses de las altas autoridades, y establezca sanciones drásticas ante el incumplimiento de las normas.