martes, 16 de mayo de 2017

Herederos del autoritarismo

Artículo publicado en La República, domingo 14 de mayo de 2017

La semana pasada comenté sobre los retos de una transición democrática en Venezuela, sobre la base de apuntes realizados en el último congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos de los Estados Unidos (LASA, por sus siglas en inglés), realizado en la Pontificia Universidad Católica. Esta semana, en la que se discute sobre el pedido de hábeas corpus de Alberto Fujimori presentado por Keiko Fujimori, me parece útil reseñar un trabajo del colega James Loxton, dedicado al estudio de los partidos “herederos” de gobiernos autoritarios.

Existen en las democracias del mundo un peculiar tipo de partido, basado en la herencia que dejan gobiernos dictatoriales o autoritarios. Según Loxton, en más de la mitad de las democracias surgidas desde la segunda mitad de la década de los años setenta del siglo pasado, esos partidos han vuelto al poder mediante el voto popular, como el Kuomintang de Taiwan, o el Partido Popular de España. En América Latina tenemos a la ADN boliviana con Bánzer, a la alianza RN-UDI en Chile con Piñera, al PRSC de Balaguer en República Dominicana, a la ARENA en El Salvador, al FRG guatemalteco con Ríos Montt, al PRI mexicano, al sandinismo en Nicaragua, al PRD nicaragüense, al Partido Colorado paraguayo. Y está también, por supuesto, el fujimorismo, que sin haber logrado volver al poder, ocupa una posición prominente. La clave del éxito de estos partidos estaría en que heredan una marca partidaria, una fuente de cohesión, base territorial, redes clientelísticas y fuentes de financiamiento; en el resurgimiento del fujimorismo parece contar sobre todo la fuerza de la marca y de la identidad fujimorista; el legado del gobierno de la década de los noventa dejó la posibilidad de erigir una organización en todo el país y acceder a financiamiento, que fue aprovechada por Keiko Fujimori en la construcción de Fuerza Popular.

El asunto problemático es cómo manejar la herencia del pasado, que resulta tanto un activo como una “mochila” muy pesada. Loxton identifica cuatro estrategias: el arrepentimiento, romper simbólicamente con al menos los aspectos más negativos del pasado; la minimización o negación de esos aspectos; el uso de chivos expiatorios; y por último, la reivindicación abierta del pasado, apostando a segmentos del electorado. El fujimorismo hoy oscila contradictoriamente en el uso de esas cuatro estrategias, como resulta elocuente al constatar la dificultad de elaborar un discurso coherente respecto al tratamiento de la situación legal de Alberto Fujimori. ¿Se le reivindica como líer o se trata su situación como estrictamente humanitaria? ¿Hay lugar para la autocrítica frente a los gobiernos de la década de los noventa, o todo es negar las acusaciones en contra de Alberto Fujimori, la validez de sus condenas y apelar al recurso de culpar a Montesinos? Keiko Fujimori intenta consolidar un movimiento bajo su control, pero es claro que la figura de Alberto Fujimori todavía es capaz de proyectar una sombra sobre ella. Y además, por supuesto, es su padre.

La presencia de este tipo de partidos es por supuesto una complicación para las democracias. Podría no serlo tanto si abren las puertas de la representación a sectores antes excluídos y los encauzan por vías institucionales. En los últimos tiempos la conducción de Keiko Fujimori involucionó hacia posiciones crecientemente conservadoras, que acentuaron el peso de la imagen autoritaria de su padre. Por ello el manejo de su situación legal la complica ahora tanto. En esta nueva encrucijada, ¿intentará algo diferente? ¿Tiene a estas alturas margen para ello?

¿Transición en Venezuela?

Artículo publicado en La República, domingo 7 de mayo de 2017

¿Qué pasará en Venezuela? ¿Las masivas movilizaciones y protestas callejeras harán colapsar al régimen? ¿O serán las fracturas y divisiones al interior de éste los que marcarán su caída, en un contexto de descrédito e inviabilidad a mediano plazo? ¿Qué debe hacer la oposición? ¿Deberá mantenerse unida o deberá dejar que sus diferentes tendencias se expresen libremente? ¿Será capaz el madurismo de sobrevivir? Si cae, ¿cómo será la transición? ¿Sectores del chavismo podrán negociar condiciones para su salida, o serán impotentes frente al derrumbe del régimen? Y si hay transición, ¿sobrevivirá el chavismo como fuerza política, o desaparecerá del futuro de Venezuela?

Por supuesto, es imposible predecir qué sucederá, pero desde la academia se han hecho contribuciones que permiten pensar en algunos escenarios. Sabemos que un régimen como el del chavismo venezolano corresponde a la categoría de regímenes autoritarios, pero que en el contexto contemporáneo están “obligados” a mantener ciertas formalidades democráticas; que se pueden permitir en tanto son competitivos electoralmente, tomando provecho, por supuesto, de reglas de juego y condiciones de competencia totalmente favorables al régimen.

Frente a una situación de estas características, estrategias de pura confrontación desde la oposición se revelaron contraproducentes. La colega colombiana Laura Gamboa ha mostrado convincentemente que la apelación al golpe de Estado en 2002 y la estrategia de confrontación y boicot hasta 2005 debilitaron a la oposición y facilitaron la continuidad de Chávez en el poder; mientras que en años recientes, la constitución de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) ayuda a entender que la oposición haya podido aprovechar el desgaste del régimen y ganar las elecciones legislativas de 2015. No basta con el descrédito del gobierno: debe haber también una alternativa razonable.

Sin embargo, desde que Maduro decidió impedir la realización del referéndum revocatorio y de las elecciones regionales y locales, y se convirtió en una dictadura abierta, las cosas han cambiado sustantivamente. Ya no tiene sentido aspirar a derrotar al régimen en el terreno electoral, porque éste sabe que no tiene ya respaldo popular, y la convocatoria a una Asamblea Constituyente es un celada sin credibilidad. En este marco, la literatura que estudió las transiciones desde regímenes autoritarios en la década de los años ochenta adquiere vigencia. Esa literatura llamó la atención sobre la importancia de la negociación entre gobierno y oposición para moldear los desenlaces posibles. En un célebre trabajo, O’Donnell y Schmitter señalaron que la convergencia entre los “blandos” de los bandos opuestos son los que facilitan la transición. Cuando priman los “duros”, la pura confrontación violenta, el gobierno parece tener las de ganar; el régimen se cohesiona, y la oposición encuentra que puede tener la legitimidad, pero no la fuerza material suficiente. Por el contrario, con estrategias de negociación se revela que el régimen tiene disidencias y fisuras, que hay sectores más y otros menos comprometidos con la corrupción, que algunos estarían dispuestos a desertar si es que encontraran algún tipo de futuro con la transición. De otro lado, la oposición enfrenta el dilema de ser magnánima con grupos disidentes, facilitando la transición, pero con el precio de tolerar cierta impunidad para estos; o ser más principista, pero arriesgar alargar la continuidad del régimen. En todo caso, resulta fundamental que la oposición se mantenga unida, para que pueda presionar y negociar con firmeza.

Entender al fujimorismo (y al gobierno)

Artículo publicado en La República, domingo 30 de abril de 2017

Esta semana se discutió sobre la posibilidad de que el presidente Kuczynski “liberara” al ex presidente Fujimori. La discusión se dio en el contexto del debate de la creación de la “Autoridad para la reconstrucción con cambios”; inicia con una declaración a favor de la liberación de A. Fujimori de Carlos Bruce, a lo que se suma la presentación del proyecto de ley de Roberto Vieira, que permitiría un arresto domiciliario del expresidente. Días antes Kuczynski había coincidido con Keiko Fujimori en la ceremonia de homenaje a los Comandos Chavín de Huántar, ocasión en la que dijo que había que “voltear la página” y estar unidos como país. Siguieron otras declaraciones ambiguas de Kuczynski diciendo que se estaría “estudiando el caso” del expresidente, a las que siguieron declaraciones de la segunda vicepresidenta, coincidiendo con la opinión de Bruce. Se habló entonces de la gestación de un gran acuerdo político, la liberación de A. Fujimori a cambio de apoyo legislativo. Sectores de izquierda antifujimoristas se escandalizaron; sectores conservadores se ilusionaron. Ambas reacciones revelaron una gran incomprensión de lo que estaba sucediendo.

En realidad, esta historia es producto de iniciativas interesadas de personajes individuales, que se magnifican por declaraciones desafortunadas, que no hacen sino reflejar la precariedad del gobierno. Estamos ante una muestra más de mal manejo de situaciones, no ante un complejo ajedrez político. Días después el Presidente del Consejo de Ministros y la Ministra de Justicia tienen que aclarar que en realidad el tema no está en agenda. Y no puede estarlo, porque el gobierno no tiene nada que ganar con esa iniciativa. Para empezar, la encuesta de GFK de marzo muestra que solo un 26% estaría de acuerdo con la liberación de Fujimori, frente a un 33% que piensa que debe seguir en la cárcel. Un 37% piensa que podría cumplir su condena en su casa, porcentaje mucho menor que el 50% de hace cuatro años. La liberación de Fujimori no significaría ganarse a la opinión pública, y lo que es peor, despertaría el antifujimorismo y lo lanzaría contra el gobierno.

Pero lo más importante es que hoy ni Alberto ni Keiko Fujimori desean la liberación del ex presidente. Alberto porque tiene la vana ilusión de conseguir la anulación de sus sentencias y ser declarado inocente; y lo último que quisiera Keiko como líder es que su padre melle su autoridad y su carácter de “gran timonel”. Más todavía en un contexto en el que su hermano Kenji ha encontrado, con una agenda “liberal”, evidenciar las inconsistencias y limitaciones del camino de endurecimiento y conservadurización que ha seguido desde la segunda vuelta. Tanto así es claro que los intereses de Keiko no son los de su padre que algunos consideran que la verdadera intención del gobierno al ventilar el tema de la liberación del reo es dividir e incomodar al fujimorismo.

Hace un año, en el contexto electoral, mientras colegas como Nelson Manrique y otros sostenían que el objetivo central del fujimorismo era la liberación de Alberto Fujimori, y que Keiko no tenía una identidad distinguible de la de su padre, decía por el contrario que ella tenía un proyecto claramente diferenciado, convertir al fujimorismo en un partido democrático de centro derecha populista. Y que el proceso iba a resultar accidentado, “no solo por las resistencias que genera en la sociedad, acaso sobre todo por el acoso de sus propios socios, tanto antiguos como nuevos. En esos tiras y aflojas definirá su identidad y futuro político”. La evidencia posterior me hace seguir pensando lo mismo.

Repensar la descentralización (2)

Artículo publicado en La República, domingo 23 de abril de 2017

Decía la semana pasada que escándalos de corrupción recientes y los retos de la reconstrucción después de los desastres “naturales” nos obligaban a repensar la descentralización. A estas alturas, resulta claro que el gran supuesto de este, que desde lo local o regional la gestión pública resultaría más eficiente que desde el gobierno central, y que la representación política se legitimaría, no siempre funciona. Muchas veces los gobiernos locales y regionales no tienen las capacidades necesarias, en el mejor de los casos, o no tienen interés en asumir sus responsabilidades. Además, la fragmentación extrema de la autoridad pública en regiones, provincias y distritos dificulta la coordinación y exacerba el localismo. Peor aún, estos espacios pueden ser capturados por grupos de poder particularistas o intereses mafiosos. En los últimos años el aumento de los presupuestos públicos ha hecho más “atractiva” la política local y regional para todo tipo de intereses, al mismo tiempo que el crecimiento de actividades informales e ilegales ha hecho que, para mantenerse y expandirse, se requiera el control de la autoridad política.

Habría que atacar el problema desde varios ángulos; fortalecer los organismos de control, por supuesto. Luego, mejorar los controles políticos: los regidores y consejeros regionales deberían ejercer funciones de fiscalización, pero la legislación actual no ayuda. La mayoría automática con que cuentan los alcaldes y la elección del consejo regional en circunscripciones provinciales favorece la cooptación de la oposición y la arbitrariedad de los gobernantes. Tercero, una reforma política que incluya más transparencia en el financiamiento de las campañas, prevención de conflictos de interés y más exigencia en la selección e inscripción de candidatos ayudaría. Respecto a esto último, lamentablemente, parece que el Congreso dejará escapar la oportunidad de mejorar las reglas aplicables a las elecciones municipales y regionales de 2018.

De otro lado, en cuanto a la reconstrucción post-desastres, el gobierno parece ser consciente de la experiencia fallida de Pisco e Ica después del terremoto de 2007. Alan García pareció seguir los consejos de Alvaro Uribe y creó FORSUR, ente especial dirigido por el empresario Julio Favre, buscando mayor rapidez y eficacia. En Colombia, el FOREC, creado después del terremoto de 1999, aparecía como modelo, con una institucionalidad especial, autónoma, con participación privada y de la sociedad civil. Sin embargo, la ley de creación de FORSUR redujo a éste a un papel coordinador, y colocó a ministerios, regiones y municipios como ejecutores. Careció de los recursos necesarios y cayó presa en la maraña burocrática. No contó con el apoyo del ejecutivo, ni con el de las regiones y gobiernos locales, ni tuvo capacidades propias. Rápidamente entró en conflicto con el gobierno regional de Ica y el municipio provincial de Pisco, que impidieron una acción coordinada, y luego en el uso de los recursos asignados proliferaron los problemas de corrupción (en los tres niveles de gobierno, ciertamente).

Afortunadamente, el Perú de hoy no es el de 2007. El gobierno central parece más consciente de la magnitud del desafío que tiene por delante, y el regional de Piura, por ejemplo, parece un muy buen socio. El Estado cuenta con mejores instrumentos para empadronar damnificados y diseñar políticas. Y en cuanto a la descentralización parece claro que el criterio debe ser que ella debe avanzar solo en la medida en que haya capacidad de sustituir y mejorar la acción del Estado central.

Repensar la descentralización

Artículo publicado en La República, domingo 16 de abril de 2017

Los desafíos de la reconstrucción después de los desastres “naturales”, la orden de prisión preventiva del gobernador del Callao Félix Moreno, la detención del alcalde de Chilca, Richard Ramos, la constatación de que tenemos unos quince gobernadores regionales y más de veinte alcaldes provinciales y distritales sentenciados por la comisión de delitos diversos, o enfrentando investigaciones muy serias, obligan a repensar el proceso de descentralización.

En principio, la descentralización es una excelente idea. El centralismo limita las posibilidades de un desarrollo más balanceado y equilibrado. El centro debería transferir recursos y responsabilidades a autoridades regionales y locales, asumiendo que ellas, “más cerca” a los problemas y a los ciudadanos, serán capaces de diseñar e implementar mejores políticas, de ejecutar más eficientemente el gasto público. En el vecindario regional se encuentra que la descentralización apareció en las últimas décadas como una solución a los problemas de legitimidad de los sistemas políticos. En algunos casos la descentralización expresó la pugna entre elites regionales (como en Ecuador o Bolivia), lo que efectivamente forzó un reparto más equitativo del poder; y en otros permitió democratizar el sistema político desde la periferia. Es la historia de la democratización política en México, iniciada desde las gubernaturas, culminada en el gobierno federal.

Pero con el tiempo hemos visto también la cara oscura de la descentralización. En ocasiones, los poderes más retardatarios, discriminadores, y hasta corruptos y criminales están en la periferia, y se resisten a las lógicas modernizadoras del centro. En América Latina se extendió la literatura sobre el autoritarismo subnacional, enclaves excluyentes en un contexto nacional democrático. En muchos ámbitos en nuestros países persisten viejos poderes de oligarquías, cacicazgos, como en México, Brasil o Colombia.

En nuestro país las viejas oligarquías y elites regionales fueron prácticamente barridas por la reforma agraria y el velasquismo, pero no fueron sustituídas por otras. En este vacío de poder se consolidó el centralismo, como ha descrito muy bien Alberto Vergara en su libro, que ya hemos comentado, La danza hostil (2015). En las últimas décadas, en algunos lugares, se ha gestado una mínima elite regional, y una sociedad civil con alguna capacidad de interacción con el poder político; Arequipa, Piura, San Martín, serían ilustraciones positivas de ello, con todas sus limitaciones. En otros no hay elites propiamente dichas, pero existen algunos controles que si bien no pueden impedir, limitan la proliferación y extensión de prácticas corruptas, como en Cusco o Ayacucho.

El drama es que en muchas regiones y localidades no se ha gestado una nueva elite, y ha aparecido un nuevo poder asociado a la proliferación de prácticas informales y hasta abiertamente ilegales. El crecimiento económico de los últimos años fue de la mano en esos espacios de la extensión de actividades empresariales muy diversas y muy informales por decir lo menos, cuando no de actividades abiertamente delincuenciales (narcotráfico, contrabando, minería y tala ilegal). Y todo esto coincidió con el proceso descentralización, que además, en el contexto de crecimiento, aumentó los recursos públicos disponibles para las autoridades. La política se convirtió entonces en un objetivo apetitoso para estos intereses, que han capturado o permeado el poder político regional y local, que se ha expresado en improvisación, ineficiencia, clientelismo, corrupción. Seguiremos con el tema.

25 años del 5 de abril

Artículo publicado en La República, domingo 9 de abril de 2017

Alberto Fujimori fue electo sorpresivamente en 1990 en medio de una situación caótica; no tenía mayor experiencia política o de gestión, encabezaba un movimiento improvisado y estaba en minoría en el Congreso. Empezó su gobierno intentando crear un gobierno de concertación, encabezado por el acciopopulista Juan Carlos Hurtado. Ciertamente enfrentaba una de las peores crisis de nuestra historia, la relación con la oposición era accidentada, y también la relación con el Poder Judicial y otras instituciones. Pero la salida implicaba continuar o profundizar la lógica de concertación, como la que intentaba el presidente del Consejo de Ministros Alfonso de los Heros en el momento del golpe. En lo económico las bases de las reformas de mercado habían sido puestas ya por Hurtado Miller y Boloña antes del golpe; recordemos que en toda América Latina las reformas neoliberales se implementaron sin interrupciones constitucionales. Y en cuanto a la lucha contrasubversiva, un amplio acuerdo reformista estaba siendo gestado por de los Heros.

Fue el propio Fujimori quien cerró esa posibilidad, y optó por el golpe de Estado. Quienes defienden esa opción seguramente no aceptarían hoy que el presidente Kuczynski, en minoría en el Congreso, en un contexto económico difícil, enfrentando serios problemas de seguridad ciudadana, con los retos de la reconstrucción por delante, optara por cerrar el Congreso y reorganizar el poder judicial. Y no hay manera de rechazar a Nicolás Maduro y aprobar el 5 de abril (y viceversa) y mantener un mínimo de coherencia.

Aún cuando consideráramos que Fujimori actuaba motivado por la necesidad de derrotar al terrorismo e impulsar las reformas de mercado, que supuestamente peligraban por la oposición del Congreso y la inoperancia de las instituciones, los hechos posteriores demuestran la falsedad de esa idea. Después del golpe Fujimori no hizo consolidar una lógica crecientemente arbitraria, autoritaria y corrupta. Con ese derrotero comprometió la política contrasubversiva, desmantelando el GEIN, consolidando el poder del SIN y de grupos paramilitares, incurriendo en violaciones a los derechos humanos y al debido proceso, generando problemas que arrastramos hasta hoy; también abandonó la continuidad de las reformas de mercado, que sufrieron un estancamiento y retrocesos abiertos en muchas áreas.

Con todo, el fujimorismo tuvo éxito en construir una narrativa según la cual el 5 de abril fue el momento fundacional de un movimiento dispuesto a privilegiar el contenido de las decisiones por encima de los procedimientos, la eficacia por encima de los principios. El desgaste del gobierno de Toledo y la decepción frente a la promesa de la “institucionalización democrática” ayudan a entender la reaparición del fujimorismo en 2006; su “normalización” como fuerza política fue facilitada por la conversión conservadora de Alan García durante su segundo gobierno; hasta convertirse en el partido mayoritario en el Congreso que es hoy. Si no volvió al poder con Keiko Fujimori es porque su vuelta despertó también un antifujimorismo que se constituyó en una suerte de barrera de contención.

25 años eran un buen momento para que el fujimorismo repiense su trayectoria, y evalúe el significado de esa fecha. No solo no hubo ningún intento serio de reflexión, sino que aún peor, el fujimorismo liderado por Keiko F. parece estar en un proceso de penosa involución hacia posiciones crecientemente conservadoras y hasta reaccionarias, que no hace sino destruir su credibilidad y acrecentar el rechazo que le impidió llegar al poder en sus dos candidaturas.

Autogolpe en Venezuela

Artículo publicado en La República, domingo 2 de abril de 2017 

Pensaba esta semana continuar con algunas reflexiones sobre el centenario de la PUCP, pero los recientes sucesos en Venezuela ameritan un comentario.

En Venezuela hemos vivido un régimen autoritario desde los años de Chávez, que mantenía una apariencia democrática en virtud a su popularidad, a su capacidad de concitar apoyo electoral. Cuando Chávez llegó al poder en 1999, su entonces partido tenía apenas el 26% de la representación en el Congreso. Desde el gobierno construyó un nuevo poder: llamó a un referéndum para convocar a elecciones de una Asamblea Constituyente, que ganó con el 80% de los votos; y en la elección de la Asamblea logró, con un sistema electoral mayoritario, elegir al 95% de los asambleístas, con el 65.5% de los votos. La nueva Constitución fue aprobada en un nuevo referéndum con el 72% de los votos. El problema empieza cuando la Asamblea, yendo más allá de sus competencias, disolvió el Congreso, la Corte Suprema, las asambleas legislativas regionales, y convocó a nuevas elecciones en 2000. Chávez fue reelecto con el 60% y el chavismo logró la mayoría en el Congreso, y a través de los nombramientos de éste, también el control de la Corte Suprema, del organismo electoral, de la fiscalía, etc. Dicho sea de paso, lo mismo hizo Alberto Fujimori después del golpe de 1992: reconstruir las instituciones bajo su hegemonía y asegurarse su control.

Durante el chavismo las cosas funcionaron en tanto éste se mantuvo como una máquina electoral eficaz: Chávez ganó las elecciones presidenciales de 1998, 2000, 2006 y 2012; las elecciones de Congreso de 2000, 2005 y 2010; y los referéndums de 1999 (para convocar la Asamblea Constituyente y luego para aprobar la nueva Constitución), el revocatorio de 2004, y el que aprobó la reelección indefinida de autoridades en 2009. Perdió el referéndum de 2007 para cambiar la Constitución y declarar a Venezuela un Estado socialista, lo que anunciaba que las cosas estaban empezando a cambiar.

Después de la muerte de Chávez, Nicolás Maduro logró elegirse en 2013, pero perdió la elección del Congreso de 2015. El desastre económico ya era evidente, y ha sido cada vez peor. El pilar de sostenibilidad de este régimen autoritario, su capacidad de concitar apoyo popular y ganar elecciones, se perdió. La oposición intentó convocar a un referéndum revocatorio presidencial para diciembre del año pasado, pero las autoridades electorales y judiciales, electas por el Congreso antes de 2015, lo impidieron arbitrariamente. No solo eso, también suspendieron indefinidamente la realización de las elecciones regionales previstas también para finales de 2016. Para mí es desde este momento que Venezuela puede considerarse una dictadura abierta. La reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia, de usurpar las funciones de la Asamblea Nacional, no es sino la confirmación de que estamos ante un régimen incapaz de mantener siquiera las formalidades con las que antes pretendía legitimarse. Se argumentó que la Asamblea no acató la desincorporación de tres diputados supuestamente electos de manera irregular, cuestión que es manifiestamente falsa, pues esos tres diputados fueron desincorporados en enero de este año.

En las últimas horas, nos enteramos de que el TSJ retrocedió parcialmente en la decisión de usurpar las funciones de la Asamblea Nacional. La inesperada, para Maduro, reacción y presión internacional hizo aflorar las tensiones al interior del chavismo. El juego político no solo se da entre gobierno y oposición, cada vez más resultan decisivos los conflictos al interior del chavismo, de los que sabemos poco.

La PUCP: su centenario y sus cambios

Artículo publicado en La República, domingo 26 de marzo de 2017

La PUCP (universidad en la que estudié y en la que orgullosamente soy Profesor Principal) fue la primera universidad privada del país, fundada por un grupo de religiosos y laicos; al no tener un “dueño”, con el paso del tiempo, ha logrado funcionar como asociación sin fines de lucro y casi como una universidad pública, es decir, con autonomía, autoridades elegidas democráticamente y representación estudiantil. Toda su historia la hace muy excepcional.

En sus orígenes, se trataba de una universidad que promovía una enseñanza inspirada en la fe Católica y valores conservadores, en un contexto muy adverso para estos. Recordemos que en 1919 los estudiantes universitarios apoyaban las luchas obreras por la jornada laboral de ocho horas, en 1922 creaban las universidades populares y en 1923 se oponían a la consagración del país al Corazón de Jesús, reivindicando el carácter laico del Estado. Es decir, años en los que las ideas anarquistas y socialistas ganaban influencia en las universidades públicas, y se daba una creciente politización.

La Universidad Católica empezó a crecer como centro de irradiación intelectual en la década de los años treinta, terminado el leguiísimo, cuando se incorporan personalidades como Víctor Andrés Belaunde, José de la Riva Agüero o Adolfo Winternitz, y más adelante, José Agustín de la Puente. En 1942, al cumplir 25 años, obtuvo el rango de universidad Pontificia, y en 1944 la PUCP recibe una importante herencia de Riva Agüero, que incluye el fundo Pando, donde está actualmente instalada.

Las cosas empiezan a cambiar en la década de los años sesenta, con la modernización impulsada durante el rectorado de Felipe MacGregor, con un apoyo importante de la Fundación Ford. En 1964 se creó la Facultad de Ciencias Sociales, con lo cual la presencia de ideas de izquierda entonces en boga empezó a ser más notoria. En esa década se consolidan los estudios teológicos, con fuerte influencia de la teología de la liberación. La Facultad de Derecho cambió también bajo la influencia de los “Wisconsin boys”, reformándose la enseñanza y la concepción del derecho, como una disciplina más social. Es desde entonces que la PUCP empezó a ser más netamente una universidad diversa y plural en lo político. En 1972 se crearon los estudios generales, dos años de estudios integrales y humanistas que con el tiempo se convertirían en marca de identidad de sus egresados.

Hasta la década de los años ochenta podría decirse que la PUCP era una universidad bastante elitista en lo social, junto a otras universidades privadas como las de Lima y del Pacífico, fundadas en 1962. Afortunadamente, el sistema de pensiones diferenciadas, vigente desde 1968, permitió contar con un estudiantado más diverso en lo socioeconómico. Pero desde la década de los años noventa, acabada la crisis económica, aparecen universidades privadas como las de Ciencias Aplicadas y San Ignacio de Loyola como opciones para la élite, al mismo tiempo que se da una explosión de la demanda educativa de sectores medios, que hacen que la fisonomía social PUCP sea cada vez más representativa del país. En otro orden de cosas, pero complementario, Salomón Lerner, siendo rector de la universidad, fue nombrado presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en 2001, con lo que la PUCP terminó siendo fuertemente identificada con la causa de la defensa de los derechos humanos.

En suma, en cien años la PUCP pasó de ser la universidad conservadora de las elites católicas limeñas a una universidad muy plural y hasta identificada con banderas progresistas. Seguiré con el tema.

martes, 21 de marzo de 2017

Más sobre desastres

Artículo publicado en La República, domingo 19 de marzo de 2017

En los últimos años, como Estado nos hemos preparando, algo, para responder ante desastres naturales. Todos sabemos que un terremoto de grandes proporciones ocurrirá en la costa de Lima, y que vendrá acompañado de un tsunami; hemos hecho simulacros y establecido protocolos de actuación. Entre 2014 y 2016 ocurrió un fenómeno del niño en el Océano Pacífico que esperábamos iba a golpear fuertemente a nuestro país: afortunadamente, sus efectos fueron limitados. Aunque suene totalmente contraintuitivo en este momento, en los últimos años aumentó el presupuesto en gestión de desastres, trabajos de prevención, desarrollo de protocolos de respuesta, compra de maquinaria y equipos para atender diversas contingencias. Es poco consuelo, pero las cosas pudieron ser peores: se hicieron trabajos de prevención en Chosica, Tumbes, Piura, por mencionar algunos casos, que alguna utilidad han tenido.

¿Por qué estamos tan mal entonces? Primero, porque la magnitud de las lluvias ha superado ampliamente las expectativas. Hasta hace algunas semanas la preocupación era la sequía, no el exceso de lluvia. Y en cuanto a éstas, mirando lo ocurrido en enero y febrero, se pensaba hacia la segunda semana de marzo que no llovería mucho más. El niño costero apareció rápida e inesperadamente, y cogió a todos desprevenidos; en poco tiempo, se convirtió en un “niño” en cierto modo equivalente al de 1998. Segundo, está por supuesto también la irresponsabilidad o incapacidad de algunas autoridades: como ha sido recordado, en la mayoría de casos los presupuestos asignados a prevención de desastres en regiones y municipios no son utilizados. Ya sea por desidia o por problemas de gestión: para gastar hay que tener establecido un plan, prioridades, identificados proyectos de inversión concretos, y todo esto supera muchas veces lo que la burocracia regional o municipal es capaz o tiene interés de hacer.

Salen también a relucir problemas estructurales. Lo “inesperado” de lo que estamos viviendo deja de serlo si asumimos una perspectiva histórica más amplia (“niños” en 1998 y 1983; “niños costeros” en 1925 y 1891); y si es que consideramos que en el contexto del cambio climático el carácter errático y extremo del clima debe ya considerarse algo “previsible”. Pero pensar con perspectivas temporales y lógicas más amplias resulta algo difícilmente al alcance de nuestra administración pública. Y constatamos también la enorme distancia que hay entre todo lo que se tendría que hacer y las capacidades e incentivos para hacerlo. Arrastramos décadas de crecimiento desordenado que ha erosionado y contaminado nuestros ríos, la consolidación de viviendas en quebradas y cauces de huaicos, la construcción de estructuras sin considerar las contingencias que deben ser capaces de afrontar, la ausencia de infraestructura urbana elemental (alcantarillado, por ejemplo). A esto se suman lógicas políticas: no es rentable invertir en prevención, porque nadie se siente beneficiado por ella cuando no pasa nada, y si es que algo ocurre, probablemente legitime a la autoridad siguiente. Mientras que desalojar y reubicar implica costos y problemas aquí y ahora.

Algo bueno que podría salir de esta experiencia es una intervención integral de la cuenca del río Rímac. Descontaminarla, hacerla más segura, embellecerla, sería una gran iniciativa después de este desastre. Una iniciativa ampliada y mejorada del proyecto Río Verde sería una buena combinación de reconstrucción y prevención, inversión en seguridad hídrica y puesta en valor, un magnífico proyecto en el marco del bicentenario de nuestra independencia.

La caída de PPK (en las encuestas)

Artículo publicado en La República, domingo 12 de marzo de 2017

El gobierno está en problemas, sin duda. Su nivel de aprobación ante la ciudadanía cae sostenidamente en las encuestas, y empieza a mostrar una dinámica que lo acerca al patrón que mostró Alejandro Toledo, quien llegó a tener niveles de aprobación de un dígito hacia la mitad de su periodo de gobierno. Para Kuczynski la caída en la aprobación es más grave que para Toledo, considerando que éste logró elegir 45 congresistas de 120, mientras que el actual presidente apenas 18 de 130. Peor aún, esos 18 muestran una conducta dispersa e incoherente, como sabemos.

¿Qué hacer? Se habla de la necesidad de cambios en algunos ministerios; si bien siempre se puede mejorar, creo que el actual Consejo de Ministros es razonablemente bueno, pero, sobre todo, no es fácil imaginar un gabinete sustancialmente distinto del actual. Es decir, sea cual sea el movimiento de las fichas, tendremos siempre ministros en su mayoría independientes, relativamente competentes en el manejo de los asuntos de su sector, pero políticamente débiles. Entonces se le reclama al gobierno “hacer política”, abandonar lógicas meramente técnicas, y mostrar iniciativa, “liderazgo”, comunicar, persuadir, coordinar, negociar, etc. Pero, ¿cómo podría este gobierno desarrollar estas habilidades? No le son propias ni al Presidente, ni al Presidente del Consejo de Ministros, ni al partido de gobierno. Lo más cerca que tiene el presidente de un operador con experiencia política y de gestión, y de su entera confianza, es su vicepresidente Martín Vizcarra. Pero resulta que la renegociación del contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero lo ha puesto en entredicho; las suspicacias en medio de los escándalos por sobornos asociados a las empresas constructoras brasileñas salpican a todos, incluyendo al propio Presidente de la República.

Hoy el gobierno se percibe tan débil que es acaso esa debilidad, paradójicamente, la que mejor protege al ministro de transportes de una eventual censura, que tendría consecuencias imprevisibles por tratarse también del vicepresidente. Es la inesperada magnitud de la debilidad del gobierno la que hace que el propio fujimorismo se muestre más cauto de lo que se esperaría. Ser percibidos como desestabilizadores tendría costos políticos enormes, y parecen ser concientes de ello.

Y es que acaso llegó el momento de asumir en todas sus consecuencias algo que me parece hasta ahora no hemos asumido del todo: si bien uno puede aspirar legítimamente a que el gobierno muestre un poco más de orden, iniciativa, coordinación, la verdad es que no es realista esperar nada muy diferente de lo que tenemos hasta el momento. Y esto no solo es consecuencia de la debilidad del gobierno, sino del conjunto de nuestra elite política. ¿Un gobierno de Keiko Fujimori habría sido mejor? ¿Mejor le habría ido a Verónica Mendoza? ¿O a Alfredo Barnechea? ¿O a César Acuña o Julio Guzmán? Y es consecuencia de la debilidad de nuestro Estado: cuando las ciudades se ven afectadas por fenómenos naturales, resulta tan difícil combatir el crimen, o nuestras mejoras en calidad educativa parecen insuficientes, presenciamos, en primer lugar, las debilidad estructurales del Estado. Esto por supuesto no quita que se tenga que hacer algo aquí y ahora, pero me parece que en general lo que se está intentando hacer es razonable, pero sus resultados se verán en varios años, no ahora. La crítica está bien; pero está llegando la hora de entender de que más bien debemos generar los consensos y acuerdos para que el gobierno navegue de la mejor manera posible por los complicados años que tiene por delante.

¿Y el empresariado?

Artículo publicado en La República, domingo 5 de marzo de 2017

En las últimas semanas he comentado sobre el momento político que estamos viviendo, que es también el final del ciclo político iniciado en el año 2000, que involucra por supuesto a sus protagonistas centrales. Los políticos de la transición desde el fujimorismo: su artífice, Alejandro Toledo; los sobrevivientes del pasado, Alan García, Lourdes Flores (y Pedro Pablo Kuczynski); el supuesto cuestionador de ese orden, Ollanta Humala. También quienes actuaron en medio de la precariedad de los partidos, los tecnócratas, garantes de la estabilidad y del crecimiento económico. Los escándalos recientes de corrupción y los cuestionamientos a grandes proyectos de inversion han puesto el acento en la interacción entre empresas constructoras brasileñas y los políticos, y en el papel de la tecnocracia asociada a la promoción de la inversión privada. Como ha sido dicho ya por varios, valdría la pena decir algo más sobre el papel del empresariado peruano en todo esto.

Alfredo Torres ha argumentado, con razón, que sería injusto decir que la elite empresarial ha sido indiferente a la necesidad de fortalecer la institucionalidad pública en el país. Ciertamente el “susto” de las elecciones de 2006 llevó a que el tema de la inclusión social y la necesidad de una buena política social apareciera como tema en las conferencias anuales de ejecutivos, y en los años sucesivos también la importancia de reformas en varias otras áreas. Muy bien, pero ¿qué hay en cuanto a las propias prácticas empresariales? El año pasado se creó el Consejo Privado Anticorrupción, lo que está por supuesto muy bien, expresión implítica del reconocimiento de que una entidad como ella era necesaria, dado el relativo silencio previo en un asunto crítico como este.

Y es que el tema es que, durante todos los años de alto crecimiento económico, comprendiendo varios gobiernos, muchas empresas hicieron grandes negocios, algunos con el Estado, tanto a través de contratos de obras públicas como a través de Asociaciones Público – Privadas (con el gobierno nacional, con gobiernos regionales y locales); y otros no con el Estado, pero relacionándose con diferentes organismos reguladores, de muy diferente tipo según el área de operación. Y en este proceso muchos, por la naturaleza de sus actividades, supieron, se enteraron, y algunos fueron partícipes, en diferentes escalas, de variados esquemas de corrupción. En diferentes sectores, los empresarios han sabido de los límites de la normatividad vigente, de la debilidad, escasa calidad o escasos escrúpulos de autoridades y funcionarios públicos; de la existencia de competidores avezados, cuando no abiertamente corruptos; de la existencia de lobbistas poco escrupulosos. En medio de esto, el discurso público empresarial solía poner el énfasis en el destrabe de regulaciones burocráticas, en la necesidad de contar con autoridades políticas que defiendan y garanticen la estabilidad de los contratos frente a la amenaza de las protestas sociales. Y muy poco se dijo respecto a qué reformas implementar para que los negocios puedan darse en condiciones limpias, transparentes y competitivas.

El empresariado está en un condición inmejorable para, desde su propia experiencia práctica, señalar cómo mejorar la relación con el sector público, con entidades reguladoras, con diferentes autoridades, para combatir la corrupción, más específicamente la relación entre la autoridad corrompida y el privado corruptor. Y por qué no, para denunciar a quienes incurran en malas prácticas empresariales. ¿Algo así podría suceder?

Qué estamos viviendo (2)

Artículo publicado en La República, domingo 26 de febrero de 2017

Hace dos semanas comentaba que podría decirse que estamos viviendo un momento político trascendental, aunque no sepamos definir con precisión su naturaleza. Según el historiador José Luis Rénique, este momento marcado, entre otros, por escándalos de corrupción podría emparentarse con hitos como el de la “consolidación” de la deuda pública de mediados del siglo XIX, la caída y crisis del leguiísmo a finales de la década de los años veinte e inicios de la siguiente en el siglo XX, y la más reciente corrupción “fujimontesinista”.

En cuanto a la historia reciente, decía que podríamos dar por terminado el orden postfujimorista iniciado con el nuevo siglo. Fue un momento ambiguo: después de los vladivideos y de la fuga de Alberto Fujimori, se intentó construir algo diferente, pero lidiando con la continuidad de su herencia. Se trataba de reconstruir las instituciones democráticas, desnaturalizadas por el autoritarismo y la corrupción; pero sin cuestionarse la continuidad esencial del modelo económico. Alejandro Toledo encarnó esa apuesta: un gobierno pretendidamente liberal, que buscó ocupar el centro ideológico, teniendo al Alan García de 2001 a la izquierda y a Lourdes Flores a la derecha. Por ello fue un gobierno amplio, y también contradictorio. En 2006 ganó Alan García y en 2011 Ollanta Humala, y a pesar de los temores a una vuelta a un populismo desenfrenado en el primer caso y a una incierta aventura “chavista” en el segundo, primó la continuidad del modelo económico. Y ante la debililidad de los políticos y de los partidos, los artífices y custodios de esa continuidad fueron una red de tecnócratas cuya acción explica nuestras altas tasas de crecimiento, nuestra inédita estabilidad, pero también un manejo de las cosas en las que las decisiones recaen en las espaldas de los “expertos” antes que en el debate público abierto.

Pero el postfujimorismo hizo agua por varios lados: el fujimorismo, que visto en 2001 parecía un animal en extinción, volvió hasta ponerse nuevamente en el centro del escenario. Un expresidente prófugo, luego candidato al senado japonés, luego extraditado, juzgado, sentenciado y encarcelado, en principio, no tendría ninguna oportunidad de aspirar a mantener una continuidad política. Pero el gobierno de Alejandro Toledo resultó siendo una gran decepción, y ella explica que ya en 2006 Martha Chávez obtuviera más votos que Valentín Paniagua, y que la congresista más votada fuera Keiko Fujimori. Desde entonces el fujimorismo no hizo sino crecer, acomodarse, hasta convertirse hoy en la primera fuerza política.

De otro lado, el ímpetu reformista e institucionalista se fue perdiendo. Alejandro Toledo lo perdió, y ni a García ni a Humala pareció entusiasmarlos mucho; resultó siendo inicitiva parcial, sectorial e individual de tecnócratas, redes internacionales y de ONGs, que obtuvieron solo logros parciales. Y el entusiasmo y la complacencia que generaron el crecimiento económico llevó a algunos a pensar que podíamos convivir con altas tasas de crecimiento e instituciones políticas precarias. Ahora, con los escándalos de corrupción, resulta que la propia institucionalidad asociada a la promoción de la inversión privada estaba plagada de agujeros que facilitaron todo tipo de componendas, que en su momento fueron subestimadas.

¿Qué viene después de esto? Me parece que si el propio sistema no tiene la capacidad de autocrítica, respuesta, regeneración que se necesita, podríamos estar nuevamente abriendo oportunidades para discursos antisistema, que parecían estarse cerrando apenas hace un año.

El final del sueño tecnocrático (2)

Artículo publicado en La República, domingo 19 de febrero de 2017

En las últimas semanas se ha desarrollado un interesante y por momentos acalorado debate sobre el papel de la tecnocracia en los últimos años. Este debería dar lugar a un mejor diagnóstico sobre sus límites y potencialidades, virtudes y defectos, y no convertirse en un debate ideológico sobre los males o virtudes intrínsecos del neoliberalismo o de la economía de mercado.

Mi punto es que después de lo que hemos sabido de la concesión de la carretera interoceánica del sur y de la concesión del aeropuerto de Chinchero (que no parecen ser sino la punta de un gigantesco iceberg), asistimos al final del sueño según el cual el manejo del país estaba “en buenas manos”, en una elite tecnocrática asentada en islas de eficiencia clave para el funcionamiento del Estado (donde el MEF es el núcleo), generadora de decisiones técnicas, eficientes, libres de interferencias “populistas” y “mercantilistas”. Estamos ante el quiebre de la credibilidad de ese discurso, porque resulta que en asuntos elementales, esenciales para el modelo (¡nada menos que la promoción de la inversión privada!) se le pasaban clamorosos goles por la huacha.

Por supuesto que la solución a este problema no es estatizar los medios de producción, que comisarios políticos asignen cuotas de producción según planes quinquenales y mandar al gulag a quienes no cumplan, sino mejorar las capacidades de regulación y fiscalización de los funcionarios públicos. La pregunta acá es por qué eso no se ha hecho; y mi punto es que en la élite de derecha del país ha habido en los últimos años una actitud muy complaciente respecto al funcionamiento del modelo, a pesar de que había múltiple evidencia de problemas serios que requerían atención. Algunos ejemplos de advertencias que no tuvieron el eco que merecieron fueron los de Piero Ghezzi y José Gallardo, con su libro ¿Qué se puede hacer con el Perú? (2013), El Perú está calato (2015) de Carlos Ganoza y Andrea Stiglich, o La promesa de la democracia (2011) de Jaime de Althaus. Con todo, ninguno de ellos aborda los problemas de corrupción o de vínculos “mercantilistas” entre el Estado y el sector privado. Este fue un tema denunciado casi exclusivamente por la izquierda, donde cabe resaltar el perseverante trabajo de Francisco Durand.

Hoy, columnistas como Aldo Mariàtegui o Ricardo Lago señalan que la cuestionable reputación de Odebrecht era un secreto a voces, y que Graña y Montero no puede creíblemente sostener que “fue sorprendida”; pero habría que reconocer que este tipo de señalamientos fueron muy escasos en los últimos años. Tal vez Pablo Secada haya sido alguien que ha sido insistente en llamar la atención sobre los límites en el funcionamiento de concesiones, concursos, adjudicaciones, pero no muchos más. En otras palabras, me parece que en la élite de derecha primó un excesivo comedimiento respecto al funcionamiento del modelo, antes que una crítica a sus límites y la necesidad de reformarlo; y la explicación de ello estaría en gran medida en los múltiples vínculos formales e informales que unen el mundo tecnocrático con el empresarial en un medio como el peruano, con una elite relativamente pequeña y por ello bastante endogámica.

Ciertamente, de lo que se trata es de fortalecer las capacidades del Estado, mejorar la autonomía tecnocrática frente a los intereses mercantilistas. Las recientes iniciativas del gobierno al respecto parecen bien encaminadas, aunque hace falta más debate. Están también las recomendaciones de la Comisión Presidencial de Integridad, que ojo, sugiere medidas tanto para el sector público como para el sector privado.

Qué estamos viviendo

Artículo publicado en La República, domingo 12 de febrero de 2017

Asistimos atónitos a las recientes revelaciones que dan cuenta de la magnitud de los problemas de corrupción de los últimos años. Y esto es apenas el season premiere de una serie que durará muchos meses, varios años. Son consecuencia de un ciclo de gran crecimiento económico, que nos proporcionó grandes recursos, pero que ocurrió en un contexto de instituciones débiles, y que tuvo como protagonistas a un elenco improvisado, surgido de los restos de una elite política colapsada en la década de los años noventa. Lo decepcionante es que este periodo estuvo marcado por la promesa de la reconstrucción institucional después del escándalo de los infames vladivideos. Y descubrimos todo esto gracias a circunstancias fortuitas: uno de los grandes protagonistas de esta historia, las constructoras brasileñas, supuestamente intocables por basar sus esquemas de enriquecimiento ilícito en una maraña de alianzas y compromisos políticos del más alto nivel, cae en medio de una crisis política sistémica; por ello, esta crisis es parte de una ola regional. Si sirve de consuelo, no estamos solos en esto.

Rebasados por la magnitud y velocidad de los acontecimientos, sabemos que estamos viviendo un momento político trascendental, aunque no sepamos aquilatar su naturaleza. Mirko Lauer dice que esta es la crisis triple del antifujimorismo, del liberalismo político, y del sistema institucional. Una forma resumida de decir algo parecido es que es la crisis del orden postfujimorista: ese momento en el que se intentó construir algo diferente al fujimorismo, pero lidiando con la continuidad de su herencia. Si bien la tarea era sacudirnos del trauma de los vladivideos y de la ignominiosa fuga de Alberto Fujimori al Japón, el horizonte estaba marcado por su legado: no solo por la subsistencia, avance y reconstitución del fujimorismo a través de Keiko como heredera, también por la continuidad del modelo económico orientado al mercado, la continuidad de ciertos sentidos comunes economicistas, propios de los noventa, por así decirlo, que al final hicieron que la promesa del fortalecimiento institucional, si bien avanzó en muchas áreas, nunca maduró. Y que la pretendida superación del fujimorismo deviniera en la supermayoría de Fuerza Popular en el Congreso.

¿Cómo se sale de esta? En este momento inicial, la reacción es un tanto infantil: cada quien pretende esconder sus responsabilidades, y echarle la culpa a los otros. Digamos, para una parte de la izquierda este es el fracaso del modelo económico neoliberal, y para una parte de la derecha, del foro de Sao Paulo. En realidad, la naturaleza del problema hace que esta vez las culpas no estén claramente de un lado, como en la coyuntura del año 2000, sino repartidas por todas partes. Esto está generando un fuego cruzado de todos contra todos que no hace sino ahondar la crisis. Más productivo es que asumamos que todos tenemos cosas que revisar, y que de esta solo saldremos si todos hacemos nuestra parte, incluida, por supuesto, la academia, las universidades, las ONGs, que no hemos sabido manejar bien del todo nuestra relación con la política, el Estado y las empresas privadas. Salir de esta implica el esfuerzo de los sectores sanos en todas las tiendas políticas, de la sociedad civil. Y parece claro que, para el gran público, estos escándalos no hacen sino llover sobre mojado, confirmar que “todos roban”, como señaló ayer Carlos Meléndez. El verdadero riesgo es que al final nadie gane, y todo el país sea arrastrado por un huaico de desánimo y cinismo. Sobre el tema de la tecnocracia, vuelvo la próxima semana.

martes, 7 de febrero de 2017

El final del sueño tecnocrático

Artículo publicado en La República, domingo 5 de febrero de 2017

Los sucesos de las últimas semanas marcan el irremediable final del sueño tecnocrático neoliberal: decisiones técnicas, libres de nefastas interferencias políticas, que aseguran decisiones eficientes, el mejor uso de los recursos públicos. Quedarían atrás la demagogia de los políticos, la corrupción de los burócratas y funcionarios “mercantilistas”, gracias a las ventajas de la libre competencia y la acción de los actores privados. Después del desastre de finales de la década de los años ochenta, el fujimorismo sentó las bases del sueño. Funcionó bien por un tiempo, pero promesa fue traicionada por su implementador: Alberto Fujimori, el antisistema, el antipolítico, terminó encarnando todos los males del político “tradicional”: buscó perpetuarse en el poder, subordinó la necesidad de reformas a cálculos electorales, construyó o permitió la construcción de una vasta red de corrupción.

Pero al menos Fujimori fue eficaz en destruir el orden anterior. Caído aquél, los viejos partidos y personajes no volvieron tal cual del pasado, lo que no solo permitió la continuidad del sueño de los años noventa, sino su fortalecimiento. A lo largo de los gobiernos de Paniagua, Toledo, García y Humala, descubrimos que los políticos, carentes de ideas y de cuadros, delegaron en los “expertos”, la toma de las decisiones importantes, para bien y para mal. Esto permitió la continuidad y asentamiento de ciertas orientaciones de política pública que explican que Perú haya sido uno de los países que más creció y redujo la pobreza en América Latina en los últimos quince años. También generó una notable reducción del espacio de debate público, una menor transparencia y rendición de cuentas. Pero la promesa era que el país estaba en buenas manos, y que los buenos resultados lo justificaban todo.

En las últimas semanas, descubrimos evidencia de que elementos esenciales del modelo nunca funcionaron: Proinversión llamaba a concursos con proyectos genéricos que luego daban lugar a la necesidad de adendas que inflaban los precios; los privados tenían capacidad de amarrar con los funcionarios las bases de los concursos para beneficiar a postores específicos; resulta que existen amplísimas redes de complicidad que involucran a empresarios, funcionarios, jurados, evaluadores, árbitros, políticos, periodistas, que permitieron que estos esquemas funcionaran. Los escándalos de Odebrecht, los problemas de la concesión del aeropuerto de Chinchero, han atacado al discurso tecnocrático en su línea de flotación.

En el debate que han propiciado sobre este tema Fernando Vivas, Jaime de Althaus y Carlos Meléndez en las páginas de El Comercio esta semana, me parece que esto no necesariamente es consecuencia de un malévolo plan planificado desde el inicio, ni que pueda exculparse a los tecnócratas con el argumento de que se trata de un buen plan que falla en la ejecución, debido a presiones o incentivos externos (Brasil). Estamos ante la falla de la élite de derecha del país, demasiado cómplice, demasiado complaciente con el “mercantilismo” que proclamaba despreciar.

Puesto ante una encrujijada, el gobierno del presidente Kuczynski no ha optando por la defensa de los principios, pervertidos por los actores, sino por un manejo político cortoplacista, ilustrado en la decisión de “Chinchero va”. Esta decisión tendrá consecuencias, porque empujan a la orilla opositora a aliados naturales del gobierno, a los defensores principistas del modelo pervertido por el “mercantilismo”. Veremos cuán profunda llega a ser esta grieta y si se lamentará haber tomado esta decisión en el futuro.

Cien años de la revolución rusa

Artículo publicado en La República, 29 de enero de 2017

En marzo de este año (según el actual calendario), se conmemoran los cien años la revolución de febrero de 1917, que acabó con la Rusia Zarista, y por supuesto más adelante, en noviembre, la revolución bolchevique de octubre, que luego dio lugar a la creación de la Unión Soviética. Esta conmemoración nos lleva a revisar gran parte de lo que fue el siglo XX. Muchas preguntas surgen al pensar en este aniversario: ¿pudo haberse evitado la llegada de los bolcheviques al poder? La revolución de octubre, ¿es consecuencia de la acumulación de situaciones “histórico-estructurales” o un ejemplo del poder del voluntarismo político? ¿Qué quedó del sueño de la construcción de una sociedad socialista y comunista como superación de los males del capitalismo? ¿Cabe preguntarse en qué momento “se jodió” la revolución rusa? ¿Qué papel cumplieron Lenin, Trostky, Stalin? La historia de la revolución rusa, ¿pudo haber sido diferente? ¿Hasta qué punto “los males” de la década de los años treinta se justifican en nombre de la derrota del nazismo? La caída de la URSS, ¿era inevitable? ¿Cómo los comunistas chinos se mantienen aún en el poder? ¿Cómo juzgar el papel de Gorbachov?

Como puede verse, son muchas preguntas, muy grandes, y estas son solo algunas de las muchas que podrían plantearse. En general, a la distancia, podría decirse que desde muy temprano la idea de la construcción del socialismo se subordinó a las necesidades de la pura sobrevivencia. La propia llegada de los bolcheviques al poder se dio en condiciones muy azarosas y precarias: su consolidación en el poder ocurre en medio de una guerra internacional, que después da lugar a una cruenta guerra civil. La década de los años treinta está marcada por una grave crisis económica mundial, por la irrupción del fascismo y la antesala de la segunda gran guerra, que termina con un saldo de millones de muertos. Vistas las cosas así, uno parece entender mejor lo ocurrido desde el punto de vista de la vieja necesidad de mantener el orden y la seguridad de la gran Rusia antes que desde la voluntad de la construcción del socialismo.

Un capítulo especial en esta conmemoración sería explorar las relaciones entre la Unión Soviética y los países latinoamericanos, en particular a través de la actuación de los partidos comunistas marcados por su influencia. En el Perú en particular, creo que más allá de algunos esfuerzos valiosos, la historia del Partido Comunista Peruano desde José Carlos Mariátegui hasta Jorge del Prado, por así decirlo, está todavía por escribirse. El vínculo del comunismo peruano con el comunismo internacional, que se manifestó elocuentemente en el apoyo al gobierno oligárquico de Manuel Prado, la relación con los nuevos grupos de izquierda más cercanos a Cuba o a China, la relación con el gobierno militar de Velasco, el papel jugado dentro de la Izquierda Unida, en fin, serían algunos temas muy relevantes.

Hacer un balance y una evaluación de lo que significa este centenario resulta muy complicado en la propia Rusia actual. El actual presidente, Vladimir Putin, ha desarrollado una fuerte retórica nacionalista, que reivindica grandes figuras que se remontan muy atrás en el tiempo, y en donde la retórica bolchevique no tiene mayor lugar; aunque sí la reivindicación de la derrota del nazismo en la segunda guerra mundial. Es interesante leer en este contexto que, según algunas encuestas recientes, la figura del zar Nicolás II gana crecientes simpatías, pero también se mantiene la de Lenin. Lo que tienen en común es reivindicar la grandeza Rusa, más allá de las diferencias ideológicas.

Las “sutilezas” de la corrupción

Artículo publicado en La República, domingo 22 de enero de 2017

La corrupción (como la existencia del mal) es lamentablemente parte inevitable de la vida, siempre la ha habido y la habrá, en Perú y en todo el mundo: el asunto es prevenirla, combatirla, contenerla, sancionarla. Ayuda para esto saber en qué contextos prolifera: la enfermedad prospera en contextos de arbitrariedad, escaso control, sanciones débiles. Pero esta asume formas muy diversas según el contexto, y saber de sus variantes es clave para combatirla de manera más eficaz. Por ejemplo, con el fujimorismo de la década de los años noventa tuvimos una corrupción altamente centralizada y jerárquica, organizada desde el centro del poder, tomando provecho de la ausencia de contrapesos institucionales. En los últimos años, marcados por el escándalo lava jato, tuvimos una serie de condiciones favorables: a nuestra tradicional debilidad institucional y a la agravada precariedad de nuestra elite política, se sumó un excepcional contexto de alto crecimiento económico, la existencia de una entusiasta política de promoción de la gran inversión privada, que relajó mecanismos de supervisión y control.

Además, desde Brasil llegó a toda la región una política bien planificada para ganar recursos e influencia, una suerte de asociación público – privada corrupta: una coalición de gobierno armada desde el Partido de los Trabajadores, arma un esquema con beneficios para todos los socios, en el que participan empresas públicas y proveedores privados. Esquema que permite ganancias particulares y financiar las campañas políticas, para asegurar la reproducción del sistema. Un esquema no solo aplicado en Brasil, sino parte de una ambiciosa estrategia pensada para obtener beneficios e influencia internacional, la avanzada del sueño de la potencia mundial emergente. Por ello el caso lava jato extiende su onda explosiva por toda la región: Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, República Dominicana, Venezuela, son los países principales en los que se aplicó este esquema, que no respeta límites políticos o ideológicos, que halló suelo fértil en países con dinero e instituciones precarias. Nuestro país no es nada diferente, por ello el escándalo ha terminado salpicando a los gobiernos de Toledo, García y Humala, a múltiples gobiernos regionales y locales, incluyendo al de la capital.

La corrupción reciente asume particularidades en las que cabe reparar. No es la simple corrupción por “robo de dinero” de las arcas del Estado, es algo más sutil y difícil de investigar: sobornos para lograr convertirse en proveedor o concesionario; para desarrollar obras o prestar servicios en condiciones muy ventajosas, probablemente con sobre costos significativos. Es un modus operandi que requiere cercanía y coordinación con el poder político; al mismo tiempo, el poder político está tentado a incurrir en estas prácticas no solo por el beneficio personal, también por la presión para financiar la actividad política. Desenredar la madeja se hace así muy complicado, por la variedad de intereses en juego, que cruzan a todos los grupos políticos, de muy alto nivel, que van desde la corrupción para el beneficio personal, hasta aquellos que lo justifican en nombre de la defensa de causas partidarias.

¿Qué hacer? Ya se han esbozado algunas propuestas: hacer más exigentes y transparentes los procesos de licitación, los concursos públicos, las adjudicaciones, siendo concientes de que ello implicará seguramente procesos más largos; hacer transparente el aporte privado a las campañas políticas. Hay que volver a las recomendaciones de la Comisión Presidencial de Integridad.

Cómo bailar el vals

Artículo publicado en La República, domingo 15 de enero de 2017

En cuanto a la relación entre ejecutivo y legislativo, hay quienes piensan que el fujimorismo buscará de cualquier manera la vacancia presidencial y el adelanto de elecciones como mecanismo para llegar al poder. Otros pensamos que ese camino es suicida para el fujimorismo: la sombra de una conducta desleal con la democracia y la imagen de prepotencia liquidaría sus aspiraciones electorales. Y aunque lograra ganar, llegaría al poder muy debilitado y cuestionado, y heredaría una situación de crisis que haría inviable su gobierno.

El dilema del fujimorismo es que, de un lado, necesita presentarse como la cabeza de la oposición, para capitalizar el inevitable desgaste del gobierno; para ello necesita mostrarse duro, evitando ser rebazado por la izquierda, que más bien sostendrá que el gobierno y el fujimorismo comparten el mismo modelo económico. Pero al mismo tiempo, el fujimorismo del 2021 requiere que haya elecciones en ese año y una transición gubernamental mínimamente ordenada y estable, por lo que necesita apoyar al gobierno en asuntos clave desde su mayoría parlamentaria. ¿Cómo se baila ese vals? Vimos un ensayo satisfactorio con el voto de confianza al Presidente del Consejo de Ministros y la delegación de facultades legislativas; y un gran tropiezo con la censura de Jaime Saavedra, percibida como una demostración gratuita de fuerza, que ya se expresa en el aumento en la desaprobación a la actuación de K. Fujimori.

Una referencia de cómo se juega un juego como este es la relación que estableció Alan García y el APRA con el gobierno de Alejandro Toledo. Este gobierno se desgastó muy rápidamente y llegó a tener niveles de aprobación de apenas un dígito durante su tercer y cuato año de gobierno. Además, Perú Posible inició el gobierno con 45 congresistas, y los fue perdiendo hasta terminar con 35, unos cuantos más que los 28 apristas que mantuvieron la disciplina de la bancada. El escenario de la vacancia y del “paso al costado” rondó durante los momentos más críticos del gobierno; sin embargo, García logró el objetivo de arrinconar al gobierno, aparecer como líder de la oposición, evitar ser desbordado desde una opción de izquierda en las elecciones de 2006, y al mismo tiempo dejarle oxígeno al gobierno para que llegue hasta el final, realice una transferencia ordenada, y llegar a la presidencia en muy buenas condiciones. Para que el fujimorismo realice una faena similar, se requiere que entiendan la naturaleza del juego: se trata de golpear, pero nunca al extremo de impedir que el juego continúe hasta el final. Esto requiere lucidez, autocontrol, que esperemos tenga Keiko Fujimori, y una bancada disciplinada que entienda la diferencia entre los gestos y las intenciones verdaderas.

En diciembre del año pasado falleció el premio nobel de economía Thomas Schelling, a quien se le atribuye la teoría de la “destrucción mutua asegurada”, que supuestamente impidió una tercera guerra mundial durante la guerra fría. Dos actores racionales, concientes de sus intereses, desarrollan conflictos “convencionales” sin llegar a un escalamiento nuclear que saben los llevará a la destrucción mutua. En el escenario de la vacancia, cae el gobierno, pero también el fujimorismo. El problema es que los actores políticos no siempre son capaces de actuar racionalmente: como señaló otro gran analista de los conflictos, Graham Allison, en su libro sobre la crisis de los misiles cubanos, en ocasiones los pequeños intereses faccionales priman, las rutinas e inercias generan dinámicas imposibles de revertir, lo que termina generando conductas autodestructivas.

¿Qué país es éste?

Artículo publicado en La República, domingo 8 de enero de 2017

En junio de 1986 se produjo el motín de presos senderistas en los penales de Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara, que dio lugar a la operación de debelamiento que terminó con el fallecimiento de tres miembros de las Fuerzas Armadas, un rehén, y más de dos cientos internos, muchos de ellos ejecutados extrajudicialmente después de haberse rendido. Fue un suceso traumático para el país. Pocas semanas después, en el Instituto de Estudios Peruanos Julio Cotler organizó el seminario “Para afirmar la democracia”, que concitó enorme interés en el mundo de las ciencias sociales. Siendo estudiante universitario, intenté ingresar al evento, pero había tanta gente que me fue imposible. Al terminar alguna de las sesiones, amigos que habían estado dentro comentaban incrédulos que Luis Pásara había dicho que después de analizar mucho la situación, había llegado a la conclusión de que el Perú era inviable, de que entraría a un proceso acelerado de “libanización”, y que por ello había tomado la decisión de irse a vivir al extranjero. Ricardo Letts habría gritado de indignación, y Javier Iguíñiz habría dicho que en el Perú hay ciudadanos de pasaporte, de libreta electoral y de libreta militar, y que la izquierda debería preocuparse especialmente de estos últimos.

No sé cuán ajustado a los hechos sea este recuento, pero vale para marcar la relación de apasionado “amor-odio” que Luis Pásara ha mantenido con el país, y que se expresa nuevamente en su último libro, ¿Qué país es éste? Contrapuntos en torno al Perú y los peruanos (Lima, Fondo Editorial PUCP, 2016). Se trata de un libro de entrevistas realizadas por el autor intentando entender mejor al Perú de hoy, desde sus propias dudas e inquietudes. Así, uno de los temas es la relación con el Perú por parte de peruanos viviendo en el extranjero, que tomaron la decisión de volver; otros temas intentan hacer un balance de continuidades y cambios registrados en las últimas décadas; cubriendo asuntos como la discriminación y la desigualdad, el papel de la mujer, de los empresarios y de las elites en general, para lo cual Pásara conversa con artistas (Gerardo Chávez, Ramiro Llona), empresarios (Oscar Espinosa, Rosario Bazán, Juan Carlos Verme), intelectuales (Felipe Ortiz de Zevallos, José Luis Rénique, Alberto Vergara, Moisés Lemlij), académicos (Mario Montalbetti, Fabiola León-Velarde), ex funcionarios públicos (Pilar Mazzetti, Carolina Trivelli, Ricardo Luna, Fernando Palomino), expertos en diferentes materias (Javier de Belaunde, Ricardo Uceda, Jeanine Anderson, Jo-Marie Burt), personajes con experiencia política sin ser políticos propiamente dichos (Jorge Nieto, Alberto Gálvez Olaechea), y activistas sociales (Carmen Lora, Wilfredo Ardito, Roxana Vásquez, José Carlos Agüero). Pásara dedica el libro a la memoria de Jorge Basadre y César Arróspide de la Flor, “esperanzados ambos en que el Perú era no solo problema sino también posibilidad”, y ese es el espíritu que guia las páginas de este fascinante libro.

Cada entrevista tiene valor en sí misma, y en conjunto puede encontrarse una evaluación de cuánto ha cambiado el país “libanizado” que veía Pásara con espanto, con taras que se mantienen, pero también con oportunidades inéditas. Pásara invoca al inicio la figura de Basadre, y para terminar cabe recordar la frase con la que el gran historiador cierra La promesa de la vida peruana: “Toda la clave del futuro está allí: que el Perú se escape del peligro de no ser sino una charca, de volverse un páramo o de convertirse en una fogata. Que el Perú no se pierda por la obra o la inacción de los peruanos”.

2017

Artículo publicado en La República, domingo 1 de enero de 2017

En la primera columna de 2016, entrando a la campaña electoral propiamente dicha, veíamos una oferta abundante de candidatos a la derecha, varios con opciones significativas de triunfo, y del centro a la izquierda una diáspora de candidaturas poco viables. Los cinco candidatos que encabezaban las encuestas de intención de voto, y que se presentaron en la CADE de inicios de diciembre de 2015 (K. Fujimori, Kuczynski, García, Toledo y Acuña) no mostraban grandes diferencias en sus propuestas de gobierno, y la incertidumbre y los temores se personalizaban en la figura de Acuña, considerando la distancia que media entre haber sido alcalde y presidente regional, y ser Presidente de la República. Al final, como sabemos, Kuczynski logró ganar la elección ocupando, muy empujado por las circunstancias, una posición de centro; logrando maniobrar entre un fujimorismo muy fuerte y agresivo desde la segunda vuelta, y una izquierda que terminó siendo beneficiada accidentalmente de las contingencias asociadas a la exclusión de las candidaturas de Acuña y Guzmán. Todas estas últimas expresión de la continua búsqueda algo “diferente” en buena parte de los electores.

Desde entonces podía preveerse el rumbo del nuevo gobierno: decíamos el 3 de enero del año pasado que “en general sabemos que tendremos gestiones relativamente parecidas a las que hemos tenido en los últimos tres gobiernos: con cierta orientación general pro mercado, con algunas iniciativas sectoriales destacables, con otras con estancamientos o retrocesos lamentables. Con problemas serios de gestión política, consecuencia de la falta de cuadros suficientes con experiencia necesaria, de la falta de implantación en el conunto del país. Con metidas de pata desconcertantes, con iniciativas que luego son descartadas, algunas de ellas por la movilización y oposición ciudadana. Con muchos ministros independientes, que podrían haber sido ministros con cualquiera de los candidatos perdedores, y que podrían haber sido ministros con cualquiera de los gobiernos anteriores. Con escándalos salpicados por aquí y por allá, involucrando a congresistas del oficialismo y la oposición, a alguno que otro ministro o asesor presidencial”.

Pensando en el 2017, hay también cosas que resultan esperables. Si comparamos la evolución de la aprobación a la gestión presidencial en los últimos tres gobiernos, encontramos que Toledo terminó el 2002 con 24%, García el 2007 con 33%, y Humala el 2012 con 48%. Kuczynski termina el 2016 con 48%: en los próximos doce meses, muy probablemente no caerá tanto como Toledo, pero difícilmente terminará mejor que Humala. El segundo año del gobierno suele ser un año relativamente estable: en cuanto a las expectativas, se han desinflado las ilusiones infundadas iniciales, pero todavía no hay hartazgo con el gobierno; y en cuanto a la gestión, se superan los errores y las novatadas iniciales y la nueva administración empieza a funcionar, de modo que se equilibran algunos logros con los problemas inevitables (las caídas ocurren en el tercer año del gobierno).

Los primeros meses del 2017 el debate estará centrado en la evaluación de los decretos legislativos expedidos por el poder ejecutivo, y por su revisión por parte del Congreso, fuente nuevamente del tenso tira y afloja que ya vimos en las últimas semanas. Afortundamente, ahora hay más conciencia y experiencia respecto a cómo se juega ese juego. Y el inicio del nuevo año escolar será una prueba para evaluar la continuidad del legado de la gestión de Saavedra, y de las lecciones que habría sacado el gobierno después de su censura.